Por el momento, rige el fallo que avaló las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el Gobierno se presentó ante la Justicia Federal con el objetivo de impugnar el fallo de Cámara porteña. Por su parte, la Corte Suprema se reúne hoy para analizar el conflicto.
Para lograr contener la segunda ola de coronavirus en el país, el presidente Alberto Fernández decidió implementar una serie de restricciones.
De acuerdo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), se suspendieron por 15 días las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y esto generó la polémica: la Ciudad de Buenos Aires se mostró disconforme por la medida y recurrió a la Justicia.
La semana pasada, el Gobierno porteño presentó, ante la Corte Suprema de la Justicia, un amparo judicial para que se declare inconstitucional la suspensión de clases presenciales. Entre otras cuestiones, la Ciudad sostiene que el decreto viola la autonomía de la Capital e implica una “virtual intervención federal porque se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación”.
Ante este panorama, hay 3 escenarios judiciales
* La Cámara de Apelaciones porteña falló en contra del decreto del Gobierno y hoy siguen las clases presenciales en la Ciudad: “La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local”, argumentó el tribunal en el fallo unánime.
Y agregó: “Cualquier interferencia, por más razones válidas que ofrezca, implica lesionar la división federal de nuestro Estado y vulnerar la autonomía local. Máxime cuando la Ciudad de Buenos Aires, en el ámbito de su competencia, venía adoptando las medidas correspondientes para asegurar la prestación del servicio de la educación, conforme las disposiciones consensuadas en el resto del país”.
Ayer, la fiscal ante la Cámara de Apelaciones de la Ciudad, Karina Cichero, había resuelto a favor del pedido de dos organizaciones no gubernamentales para mantener las escuelas abiertas a contramano del decreto del Gobierno. El recurso había sido presentado por un grupo de docentes enrolados en la ONG Abramos las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas, que consideraban que era prioritario sostener las clases pese a la escalada de contagios en el AMBA.
* El Gobierno se presentó ante la Justicia para impugnar el fallo que habilita las clases presenciales: la Procuración General del Tesoro a cargo de Carlos Zannini hizo la presentación en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El pedido es para quitarle el caso a la Justicia Ciudad y que intervenga la Federal, pues algo de los argumentos dados por el Gobierno Nacional es que es una decisión federal y no local, y que se trata de una política sanitaria que nada tiene que ver con medidas educativas.
Además, la Procuración del Tesoro reclamó la invalides del fallo que ayer dictó la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo porteña habilitando el regreso de las clases presenciales en línea con lo que había opinado la fiscal y tal cual lo habían reclamado dos asociaciones civiles.
* La Corte Suprema inició el tratamiento del amparo: el Máximo Tribunal tiene para resolver el pedido justamente hecho por el Gobierno porteño para dejar sin efecto esa parte del DNU que suspendió las clases presenciales por 15 días. Carlos Rozenkrantz y Ricardo Lorenzetti sostienen que la Corte puede sesionar el viernes para resolver el caso. Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, en cambio, consideran que aún es prematuro establecer un cónclave para decidir la viabilidad del amparo presentado por la Ciudad.
