Son 1280 los detenidos que están en riesgo ante el avance del coronavirus. El juez Borinsky reconoció que no hay suficientes pulseras electrónicas para el arresto domiciliario.
En plena polémica por la concesión de prisión domiciliaria a los presos que estén riesgo sanitario por el coronavirus, el juez de la Cámara Federal Penal Mariano Borinsky reconoció que no hay suficientes pulseras electrónicas para controlar el cumplimiento, aunque aclaró que esa no es la única medida que contempla la ley para realizar los monitoreos.
“El Ministerio de Justicia informó que no había suficientes”, remarcó Borinsky en diálogo con TN, sin embargo, indicó que “el artículo 210 que habla de las medidas de coerción, marca que la pulsera electrónica es una de las medidas y que hay otras como la retención de documentos y la prohibición para salir de determinados lugares o acercarse a determinados lugares”.
Al mismo tiempo, el juez indicó que en el Servicio Penitenciario Federal hay unas 14.000 personas detenidas, de las cuales se identificaron a unas 1280 que se encuentran en riesgo ante el avance del coronavirus. En el último mes se impulsaron 600 pedidos para acceder a las prisiones domiciliarias y que solamente “seis personas” han sido autorizadas.
Borinsky también explicó, tal como lo hizo su colega Víctor Violin a través de sus redes sociales, que la Cámara dictó una acordada para transmitir tranquilidad y en que en ésta se señaló expresamente que es para “delitos no violentos, para penas inferiores a los tres años, para mujeres embarazadas que están en situación de peligro. Y expresamente se excluyó a los delitos graves. Y primero se escucha a la víctima. No se va a decidir nada sin escuchar a las víctimas”.
Por otro lado, para diferenciarse de la situación que se produjo en la provincia de Buenos Aires donde se efectivizaron las salidas de 300 detenidos para que cumplan prisión domiciliaria, el camarista aclaró que es concepto que se instaló “no aplica en la Justicia Federal ya que tiene que ver con cada situación provincial, y ahí es donde distinguimos la Justicia Federal de la provincial, de la local, donde ahí sí depende de la autonomía de cada provincia”.
En ese sentido, el representante de la Justicia Federal aclaró: “Cada caso lo resuelve el juez, no hay una norma en nuestro sistema constitucional. En un sistema constitucional difuso, en el cual cada juez es el que decide, y es el principal interesado en que se cumpla la condena que dictó”.
Haciendo referencia puntualmente sobre la situación en la Provincia, indicó que ello es “competencia de la Suprema Corte de Justicia”, el máximo tribunal en ese distrito, “que validará o no lo que se hizo en este caso”.
Mirá la nota completa de Lorena Maciel a Mariano Borinsky en TN