Así lo determinó el análisis de la Policía Federal. La pericia, no solo confirmó que la marca de la zapatilla estaba sobre el cuerpo de Fernando sino que la impronta de la zapatilla coincide también con el pie de uno de los principales acusados del crimen.
A un día de cumplirse 6 meses del crimen de Fernando Báez Sosa, la fiscal Verónica Zamboni recibió el resultado de la pericia scopométrica que confirmó que la zapatilla negra ensangrentada encontrada en la casa que los diez rugbiers acusados de matar al joven de 18 años corresponde a Máximo Thomsen.
El estudio realizado por el Laboratorio Scopométrico de la Policía Federal en Mar del Plata no solo confirmó que la marca de la zapatilla estaba sobre el cuerpo de Fernando, sino que además, la impronta de la zapatilla coincide también con el pie de uno de los principales acusados del crimen, según detectó el complejo análisis que comparó tanto la suela del calzado como la marca del pie en la plantilla, informaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.
Los pies de los acusados fueron identificados uno por uno con una técnica especial que incluye comparaciones fotográficas, lecturas de ondas de luz mediante un videoespectrómetro y el uso de tinta litográfica, la misma que se usa para la toma de huellas dactilares, lo que comúnmente se conoce como “tocar el pianito”, pero con los pies.
Aunque este resultado compromete aún más a Thomsen, preso en la Alcaldía N°3 de La Plata junto a siete de sus cómplices y con su prisión preventiva confirmada por la Justicia, todos los acusados seguirán bajo la imputación de homicidio agravado por alevosía, logrando la posibilidad de ser condenados a prisión perpetua.
Desde un principio la zapatilla había sido atribuida a Thomsen: el video tomado por teléfonos celulares en el momento exacto del crimen en la madrugada del 18 de enero en las afueras del boliche Le Brique en Villa Gesell muestra al rugbier con un calzado similar que luego fue encontrada entre todo el material incautado por la DDI de la localidad balnearia: la sangre todavía estaba en su puntera, seca y a simple vista.
El Código establece un plazo máximo de diez meses para la elevación a juicio, por lo que aún teniendo tiempo, la fiscal Zamboni tiene en sus planes producir nuevas pruebas con testimonios que espera recolectar en las próximas semanas, luego de que la Cámara de Casación de la jurisdicción rechazara un hábeas corpus planteado por la defensa de los acusados.
