Cuadernos de las coimas: a un año, ¿cómo sigue la causa?

Una gran cantidad de procesados quedaron a un paso del juicio oral, entre ellos, Cristina Fernández de Kirchner. El caso ya acumula 174 procesados.

Se cumple un año desde que se realizó la explosión mediática de la causa de los cuadernos de las coimas. El caso que se conoció como el más importante de la historia de corrupción de la Argentina en la que involucra a funcionarios del gobierno kirchneristas.

Actualmente, el expediente acumula 174 procesados entre exfuncionarios, empresarios y testaferros. Entre los nombres están desde el de la expresidenta y actual precandidata a vice, Cristina Fernández de Kirchner hasta el del exministro de Planificación Julio De Vido, pasando por José María Olazagasti y empresarios de la talla de Aldo Roggio, de Benito Roggio e hijos, y Ángelo Calcaterra, primo hermano de Mauricio Macri.

En los centenares de fojas que componen la causa también aparecen los nombres de Carlos Wagner, Ernesto Clarens, Juan Chediak, Héctor Zabaleta o Luis Betnaza de Techint, entre otros.

La causa se conoció la madrugada del 1 de agosto, tras las más de una decena de detenciones pedidas por el fiscal del caso, Carlos Stornelli, y ordenadas por el juez, Claudio Bonadio. El primer detenido fue Oscar Centeno, el exchofer de Roberto Baratta que entre 2003 y 2015 quien escribió todos los movimientos de su jefe y otros hombres del desaparecido Ministerio de Planificación.

En los “famosos cuadernos”, detalló quiénes y cómo se entregaban bolsos con dinero proveniente de los sobornos en la Obra Pública, como así también hacia dónde iban y quiénes los recibían. Los edificios de las compañías más poderosas de la construcción local a la Quinta de Olivos o el domicilio particular del matrimonio presidencial, en plena Recoleta, formaron parte del raid detallado por Centeno.

De los 174 procesados, 71, entre ellos la exmandataria tienen confirmación de la Cámara Federal de Apelaciones, lo que los deja a un paso del juicio oral. Algo que se espera que se decida luego del fin de la feria, el próximo lunes.

Por su parte, los 103 procesados restantes, entre los que están los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián de Sousa y Osvaldo “El Bochi” Sanfelice, detenidos en el marco de otras causas, están a la espera de la resolución del tribunal de alzada.

El caso que avanzó con fuerza desde el primer momento tuvo una figura clave: “el arrepentido”. A esa figura se sumaron más de treinta: el primero fue el propio Centeno, quien además desde entonces está dentro del Programa de Protección de Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

El segundo, Juan Carlos De Goycoechea, extitular de la firma española Isolux Corsán. Su entrega se produjo poco después de que Bonadio rechazara todos los pedidos de excarcelación presentados por los primeros detenidos.

Pocas horas después de De Goycoechea se sumó Calcaterra y días más tarde, Roggio, Wagner y Clarens, entre otros. Varios meses después llegó el turno de un hombre clave de los Kirchner: el histórico contador, Víctor Manzanares. En su extensa declaración recordó que, cuando murió el expresidente Néstor Kirchner, “el último en llegar a El Calafate fue Daniel Muñoz. Llevaba consigo las llaves de los tesoros, que eran los lugares donde se guardaba dinero. Daniel me dijo que sintió asco y repugnancia de la cara de la gente que fue a buscarlos al aeropuerto, especialmente la de (Oscar) Sanfelice, por la avidez que mostraban por las llaves”.

Muñoz, el fallecido exsecretario de Néstor Kirchner, es un personaje clave en la investigación. Fue quien recibía y trasladaba el dinero, proveniente de los sobornos. Por eso, en el curso de la investigación se sumó, por conexidad, un expediente por lavado de dinero que lo involucraba a Muñoz y su viuda, Carolina Pochetti. Por ese tramo del expediente -que tiene una pata internacional y ya está camino al juicio y otra nacional que continúa siendo investigada- están involucrados Pochetti así como varios familiares y allegados al matrimonio, varios de los cuales también se transformaron en imputados colaboradores. Para la justicia, Pochetti, Muñoz y sus testaferros habrían lavado al menos 200 millones de dólares provenientes de la Obra Pública.