La acusación encarada por la Coalición Cívica, también abarca otros delitos y fue realizada tras la renuncia de la AFIP como querellante en la causa Oil Combustibles, donde se investiga a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray.
En la causa Oil Combustibles, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, fueron denunciadas por “encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública”.
La acusación fue formulada por la Coalición Cívica, luego de que el organismo tributario renunciara como querellante en la causa que investiga a Cristóbal López, Fabián de Sousa y Ricardo Echegaray.
“La matriz de los hechos acontecidos entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 tienen un rasgo en común: la finalidad de persecución y hostigamiento a determinados objetivos políticos y económicos”, le había planteado la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a los jueces del Tribunal Oral en lo Federal N°3, que llevan el caso, al retirar a la Administración de la querella.
Los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa llegaron a un acuerdo con la AFIP para pagar sus deudas fiscales, que ascienden a más de $12.700 millones. Recibieron beneficios como un plazo de 97 cuotas, y tasas de interés cercanas al 2%.
Según informaron los empresarios en la Justicia, dividieron la deuda en dos planes de pago. El más abultado es de $12.055.278.292 (deuda de impuestos, contribuciones de Seguridad Social, Autónomos y Monotributo), y se hará en 97 cuotas -ocho años-. El otro (aportes de Seguridad Social, Retenciones y Percepciones Impositivas y RNSS) alcanza los $628 millones, a pagar en 49 cuotas.
El escrito, de 30 hojas firmado por los diputados nacionales Juan Manuel López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade relata “la vinculación política y de negocios” de la familia Kirchner con López y también recuerda que el presidente Alberto Fernández admitió públicamente que asesoraba al Grupo Indalo.
La denuncia cayó por sorteo en el Juzgado Criminal y Correcional Federal N°9, a cargo del juez federal Luis Rodríguez y el fiscal Gerardo Pollicita.
