Lo harán ante la UFEM. Irineo Garzón Martínez, quien fue detenido ayer por el delito de abuso con acceso carnal, permanecerá tras las rejas hasta que sea juzgado.
Luego de que la Sala I de la Cámara del Crimen revocara la excarcelación con la que la jueza Karina Zucconi benefició a Irineo Garzón, acusado de violar a una joven venezolana en su local de Balvanera, hoy se sumarán más denuncias ante la Justicia de víctimas contra el comerciante.
Las presentaciones serán ante la Unidad Fiscal Especializada de Violencia de Género contra las Mujeres (UFEM).
Así recibía la noticia de la detención de su presunto abusador la víctima
Por su parte, Garzón Martínez fue detenido ayer en Mataderos por efectivos de Delitos contra la integridad sexual de la Policía de la Ciudad en la casa de su hermana y fue trasladado a la Alcaidía 12, del barrio de Saavedra.
Cuando el hombre fue retirado de la vivienda, los vecinos y allegados a la víctima lo insultaron. La orden de detención fue dictada este jueves por el juez Pablo Lucero y la jueza Magdalena Laíño de la Sala I de la Cámara del Crimen, quienes resolvieron que el acusado quedara detenido hasta que sea juzgado, por el delito de “abuso sexual agravado con acceso carnal”.
Así fue la detención del comerciante
La medida fue dictada tras la apelación de la fiscal Silvana Russi, a cargo de la causa, y de Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). La querella de la víctima también había solicitado la detención del comerciante.
La joven venezolana de 18 años había comenzado a trabajar el pasado sábado 23 de enero con el hombre en un local de venta de ropa, y la Justicia pudo determinar que para cometer la violación, este le habría dado una bebida que tenía una sustancia que la dejó inconsciente y en estado de indefensión.
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En el fallo del pedido de detención, el juez Lucero recordó que el hombre ya había sido procesado por “abuso sexual agravado por haber sido cometido con acceso carnal”, un delito cuya pena máxima supera los ocho años de prisión mientras que la pena mínima (seis años) imposibilita que una eventual sanción pudiera ser de ejecución condicional.
El magistrado, según publicó el Ministerio Público Fiscal de la Nación, consideró que en la causa hay indicadores de riesgos procesales que justifican una prisión preventiva. El juez hizo hincapié en la gravedad del hecho investigado, las pruebas recolectadas hasta ahora y los informes médicos que constan en el expediente.
En tanto, la magistrada Laíño compartió el mismo criterio de Lucero, pero no así el juez Jorge Luis Rimondi, quien se inclinó por confirmar la decisión tomada por la jueza Karina Zucconi, que en últimas horas había tomado la decisión de colocarle una tobillera electrónica al acusado para evitar que se acercara a la víctima.
