El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio.
La Cámara de Diputados buscará hoy avanzar con la firma del dictamen de mayoría del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, para que el pleno del cuerpo pueda tratar la próxima semana la iniciativa que cambia las mayorías para elegir al Procurador General y establece plazos para su mandato.
Desde las 19, el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales debatirá el proyecto enviado por el Senado en octubre pasado y cuyo texto cuenta con una serie de modificaciones propuestas introducidas por el ministro de Justicia, Martín Soria, en pos de obtener el consenso para que la iniciativa sea aprobada.
El oficialismo cuenta con las firmas necesarias en ambas comisiones para alzarse con el dictamen de mayoría, gracias al ya anunciado respaldo del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo) -integra la comisión de Justicia- y más allá del rechazo de Graciela Camaño (Consenso Federal), quien forma parte de ambas comisiones.
La reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal es una iniciativa impulsada por el sector más cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner, y ahora el oficialismo de la Cámara de Diputados busca darle sanción definitiva.
Cuáles son los principales cambios que plantea el proyecto
– Designación: El nombramiento del procurador general se haría con una mayoría absoluta del Senado, es decir 37 votos, en lugar de la mayoría calificada de dos tercios de los presentes (que sería 48 votos si asistieran los 72 senadores) que rige hoy.
– Remoción: Se modifica el artículo 76 de la ley orgánica y se establece que la remoción del procurador “por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones» podrá producirse «por decisión fundada del Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros»”.
También podrá realizarse “a solicitud de cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados, con aprobación de la mayoría absoluta y con acuerdo del Senado por mayoría absoluta de sus miembros”.
El punto central es que en ambos casos, cuando se inicie el mecanismo de remoción el procurador será “suspendido en el ejercicio del cargo”, aunque si se da el primer procedimiento contemplado “el Senado podrá revocar la suspensión en el plazo máximo de diez (10) hábiles”.
La ley actual, en el artículo 76, señala como único mecanismo “el procedimiento establecido en los artículos 53 y 59 de la Constitución Nacional”, esto es el juicio político, con Diputados como cámara acusadora y el Senado como cámara juzgadora.
– Reemplazo: Durante el debate del Senado el 27 de noviembre pasado, el Frente de Todos incorporó un cambio en el proyecto referido a los casos de vacancia en la Procuración General, por el cual se estableció que asumirá el cargo el o la “fiscal general con más de 10 años de antigüedad en el cargo” elegido por la Comisión Bicameral del Congreso.
– Duración en el cargo: La ley actual no establece un plazo para el mandato del jefe de los fiscales, por lo que el cargo es considerado “vitalicio”. El proyecto lo acota a cinco años “pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período”.
También modifica lo dispuesto para un procurador que alcance la edad de 75 años, dado que la normativa vigente establece para esos casos la necesidad de “un nuevo nombramiento” por el término de cinco años, mientras que el proyecto reduce ese plazo a dos años.
– Tribunal de enjuiciamiento: Actualmente, este cuerpo encargado de evaluar la conducta de los fiscales está integrado por siete miembros y el proyecto eleva ese número a nueve, al tiempo que modifica su composición.
La iniciativa establece que se integrará por cinco vocales que serán uno en representación del Poder Ejecutivo; tres en representación del Congreso -integrantes de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal- de los cuales dos representarán a la mayoría y uno a la minoría; y un vocal en representación del Consejo Interuniversitario Nacional.
A ellos se sumarán dos vocales abogados de la matrícula federal y otros dos vocales deberán ser elegidos por sorteo público entre los fiscales generales con no menos de diez años de antigüedad en el cargo.
No obstante, esto podría ser modificado por la Cámara de Diputados a fin de incorporar un vocal en representación del Ministerio Público Fiscal.
