La ministra de Seguridad Sabina Frederic dejó sin efecto las medidas que había dispuesto su antecesora Patricia Bullrich.
La ministra de Seguridad Sabina Frederic dejó sin efecto varias medidas que había dispuesto el Gobierno saliente.
De esta manera, el Gobierno derogó el protocolo para el uso de armas de fuego para las fuerzas federales que la anterior ministra Patricia Bullrich había dispuesto en diciembre de 2018.
Se dio de baja el reglamento para el uso de pistolas eléctricas Taser, el pedido de DNI en estaciones de trenes y el Servicio Cívico Voluntario, por medio de la Resolución 1231/2019 publicada en el Boletín Oficial.
“Este protocolo es uno de los que seguramente se derogará porque es de un abuso intolerable”, había anticipado semanas haciendo referencia a los protocolos que le permitían a las fuerzas disparar contra sospechosos en fuga, e incluso sin dar la voz de alto.
Uno de los protocolos que quedan sin efecto es el del “Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los Miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad”, implementado en diciembre de 2018 a través de la Resolución 956.
Para el Ministerio “excede los criterios impuestos (por la ONU) y se aleja del límite claro al uso de la fuerza letal por parte del personal de las fuerzas policiales y de seguridad”. Además, indica que en la base conceptual de este reglamento “subyace una inadmisible desconsideración del estándar de la legítima defensa”.
Derogaron el reglamento para el uso de las Taser
Cuestiona que el reglamento “consta de seis artículos mediante los cuales se regulan de manera genérica y vaga los criterios a los que debe ajustarse el personal policial y de las fuerzas de seguridad en el empleo de armas electrónicas ‘no letales’”.
El texto aclara que “en realidad, son ‘menos letales’, tal como lo reconoce su fabricante” e indica que “en efecto, no se establece criterio alguno respecto del empleo de tales armas electrónicas”.
Dejan sin efecto el control de DNI en trenes
El texto indica que esta medida “criminaliza a los trabajadores mediante un exceso de controles innecesarios e injustificados”.
Se considera que “contradice los estándares de seguridad democrática y, también, los estándares internacionales de Derechos Humanos, que impiden la detención de personas cuando no haya sospechas fundadas de la comisión de un delito”.
