El periodista le contestó al juez quien lo citó a indagatoria en la causa en la que investiga una asociación ilícita que se dedicaba a la extorsión y al espionaje ilegal para el próximo 25 de junio.
A principio de semana, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla citó a indagatoria al periodista Daniel Santoro para el próximo martes 25 de junio, en el marco de la causa que investiga los presuntos delitos de extorsión y asociación ilícita del espía y falso abogado Marcelo D’Alessio.
Para el magistrado “se ha corroborado prima facie no sólo el vínculo de conocimiento y confianza que mantenía” el periodista de Clarín y expanelista de Animales Sueltos con el falso abogado, sino también “su participación y su aporte en las actividades ilegales que llevaba adelante la organización delictiva investigada”. «A diferencia del caso de otros periodistas vinculados a D’Alessio, el imputado no sólo se nutría de la información que le proveía la organización, sino que habría tenido conocimiento de las actividades de espionaje ilegal que desarrollaba, sus métodos y contribuía al desarrollo de los planes ilícitos que llevaba a cabo la Organización”, agregó el titular del Juzgado Federal de Dolores en su resolución.
Como respuesta a ello, Santoro le contestó al juez federal de Dolores y negó las acusaciones.
El descargo completo del periodista:
Me pongo a disposición de la Justicia. Niego terminantemente haber participado de actividades de espionaje ilegal. Mi llamado a indagatoria supone un paso hacia la criminalización del ejercicio del periodismo por una maniobra de ex funcionarios y empresarios K. Mi indagatoria había sido solicitada al juzgado de Dolores por el “productor agropecuario” Pedro Etchebest y el empresario K Mario Cifuentes, entre otros, luego de una organizada presentación en cadena de ex funcionarios K encabezado por el ex secretario de Coordinación del ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
Lamento que la jurisdicción de Dolores se haya hecho eco de una maniobra que busca callar mis investigaciones sobre corrupción. Ya se había empezado a investigar mi teléfono celular, pese a fallos de la cámara federal porteña que había incluido las comunicaciones del periodista dentro del secreto profesional consagrado por la Constitución Nacional, lo que significa otra violación de mis derechos.
No coercioné a un ex directivo de PDVSA, ni tampoco al empresario Mario Cifuentes. Por otra parte, el juez me acusa “de la realización conjunta de un libro” con D’Alessio en referencia a mi último libro “El Mecanismo”. Con solo pedir el contrato a la editorial se comprueba la falsedad de la afirmación. D’Alessio aparece en un solo capítulo entrevistado on the record y sus dichos fueron confrontados por dos ex funcionarios de ENARSA.
Desde el año 1995 cubro temas vinculados a la justicia. Por esta razón, cuento con más de cien fuentes de información, entre las que se encuentran jueces, fiscales y abogados. Una de ellas fue Marcelo D’Alessio, quien creía que era un abogado penalista experto en narcotráfico. Este fue mi fuente en solo cuatro ó cinco de los temas que investigo, destacando que escribo un promedio de cien notas por año.
Sobre las acusaciones que me formula el juez Ramos Padilla hago una serie de aclaraciones. En la última semana de diciembre de 2018, D’Alessio me preguntó si me interesaba entrevistar a un ex director de PDVSA Argentina, que luego resultó ser Gonzalo Brusa Dovat.
Le dije que no tenía tiempo, porque me iba de vacaciones el 1° de febrero de 2019. Me dijo que, entonces, le daría la entrevista a “La Nación”, por lo que finalmente acepté, pues, también, era una nota relevante. En las conversaciones previas a la entrevista, D´Alessio me preguntó si iba a llevar un fotógrafo del diario –como dicen los chats–, a lo que le contesté “si el tipo acepta, lo grabamos con el celu”, por lo que resulta evidente que yo requería la aceptación del entrevistado –quien, como dije, no sabía quién era hasta el momento de la entrevista–. Tampoco sabía que Brusa Dovat se había reunido con el periodista Rolando Graña y el comisario Degastaldi antes de la entrevista, como se sabe ahora, y que le había preguntado a D’Alessio si venía a la entrevista “de civil o corbata”, como diría en los chats de D’Alessio.
El miércoles 30 de diciembre de 2018, presentado por D’Alessio, conocí a Gonzalo Brusa Dovat, le pregunté si aceptaba ser entrevistado “on the record” y le expliqué que esa frase significaba dar su nombre y citar sus declaraciones en un medio periodístico importante como el Diario Clarín, respondiéndome afirmativamente. Unos minutos antes de que llegara, D’Alessio me había dicho que se llamaba Gonzalo Bruzoni y así lo anoté, nombre que luego resultó equivocado.
Luego le pregunté si me daba su consentimiento para grabarlo con mi celular, a lo que también accedió. Lo entrevisté frente a unas cien personas que, ruidosamente, almorzaban en el restaurante Sarquis, ubicado en el barrio de Palermo, aunque algunos medios lo presentaron como parte de una oscura y siniestra extorsión.
En su testimonial, el mismo Brusa Dovat dice: “Me vuelve a preguntar Santoro si estoy de acuerdo en hacer la entrevista, y mi respuesta ante esa situación obviamente es que sí”, según la versión que fue publicada por varios medios.
Brusa Dovat me dijo, entre otras cosas, que había sido despedido y que no tenía trabajo; que tenía un juicio laboral contra PDSVA y que había sido amenazado por los servicios de inteligencia de Venezuela; incluso, que había echado a un par de ellos con un bate de béisbol. D’Alessio le dijo que la mejor forma de protegerse de las amenazas era hacerse conocido en los medios.
Posteriormente, ratificó todo lo que me dijo en sendas entrevistas realizadas por los periodistas Rodrigo Alegre (de TN) y Eduardo Feinmann y Rolando Graña, del Grupo América.
Por otra parte, jamás mandé un mensaje mafioso ni participé de una coerción contra el empresario y dueño de la empresa OPS Mario Cifuentes. Mis notas sobre Cifuentes están basadas en una investigación que realizó, primero, el diario Río Negro, luego el Diario La Nación, y yo continúe en el Diario Clarín. Ello así, pues es un caso de interés público, en le medida que se trata de un contratista del Estado con una deuda millonaria con la AFIP.
La principal fuente de las notas, resulta obvio, es la denuncia del diputado de Cambiemos, Leandro López Koeing.
También hay informes que envió la PROCELAC al Juzgado Federal de Neuquén. Desconocía, hasta el trámite de esta causa en Dolores, que D’Alessio lo hubiera supuestamente presionado para que venda su empresa de servicios petroleros OPS, en Neuquén, la que fuera declarada en quiebra; mucho menos sabía o autoricé que se usara mi nombre para ello.
Como confirmación de ello, en declaraciones periodísticas, el diputado López Koeing dijo que “en la causa hay dos reportes de operaciones financieras sospechosas de la Unidad de Información Financiera según los cuales Cifuentes a través de paraísos fiscales sacó fondos en negro de la Argentina que terminaron en España y, sin embargo, no se avanza”.
