El sindicalista Juárez fue procesado con prisión preventiva

Además, fue embargado por $500 millones. El sindicalista, está acusado de asociación ilícita en carácter de organizador y administración fraudulenta.

El sindicalista Herme Oscar Orlando Juárez, jefe del Sindicato Unido Portuarios Argentinos (SUPA), detenido la semana pasada en una redada a cargo de la Policía Federal con la colaboración de la AFI fue procesado con prisión preventiva.

Así lo determinó el juez federal a cargo de su captura Adrián González Charvay en un documento de 272 páginas. Juárez es considerado el organizador de una asociación ilícita. La imputación incluye los delitos de administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos de origen ilegal agravado por la habitualidad. También fue embargado por $500 millones.

Además del sindicalista, también fueron procesados su hijo Oscar Juárezde 54 años con prisión preventiva y embargado por 200 millones. Lo acusan de ser miembro de la asociación ilícita. Comparte las mismas imputaciones que su padre. Y a las otras dos hijas: Débora y Mariana.

Al mismo tiempo, el juez procesó a Daniel Gustavo Badía, empleado de la Cooperativa del Puerto de San Martín desde 2007 y uno de los gerentes de mayor confianza de Herme Juárez.

Por otro lado, González Charvay dispuso la libertad de Ramón Jerez y los hermanos Damián y Pablo Bunello, señalado como uno de los gerentes y tesorero de la Cooperativa del Puerto de San Martín, de la que es empleado desde 2002.

Así, Herme Juárez y su hijo se convierten en los únicos presos del expediente. El magistrado dictó la falta de mérito para procesar o sobreseer a seis imputados, entre ellos Iván Daniel Juárez, hermano de Herme Juárez que preside la Cooperativa del Puerto de San Lorenzo, también investigada, cuyo funcionamiento es prácticamente idéntico al que lleva Herme en San Martín.

Se ordenó que Iván Juárez quede libre de inmediato. En su casa se incautó un impresionante botín conformado por dólares, euros, pesos argentinos, pesos uruguayos, joyas y hasta fichas de casinos ocultos en cajas fuertes y bolsas.

Tras los allanamientos y procesar a varios de los detenidos, González Charvay se declaró incompetente para continuar en el caso “en razón del territorio” y ordenó remitir el expediente al Juzgado Federal de Rosario.