La exposición estará a cargo del ministro de Justicia, Germán Garavano. Con ella buscan endurecer penas para casos de corrupción, narcotráfico y para los robos por parte de motochorros, entre otros.
Este martes, se presentará en el Senado el proyecto de ley de la reforma del Código Penal que busca actualizarlo ya que rige desde 1921.
La iniciativa, será presentada desde las 14 en el Salón Eva Perón de la Cámara alta por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien estará junto con los miembros de la Comisión.
El proyecto, impulsada por el Poder Ejecutivo, será estudiada durante las próximas semanas en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta que preside el peronista entrerriano Pedro Guastavino, informaron fuentes parlamentarias.
Entre los especialistas que estarán en el Senado figuran las máximas autoridades de la Comisión para la Reforma: Mariano Borinsky, presidente; Guillermo Yacobucci, vicepresidente, y Carlos González Guerra, secretario, además de Guillermo Soares Gache, representante del Ministerio de Seguridad, y Martín Casares, jefe de Gabinete del Ministerio de Justicia.
El objetivo principal de la reforma es sistematizar unas 900 leyes especiales, además de endurecer las penas para casos de corrupción y narcotráfico y para los robos por parte de “motochorros”, entre otros delitos.
Las 244 páginas del proyecto enviado por el Gobierno declaran también la emergencia penitenciaria, despenaliza la tenencia de drogas de uso personal en escasa cantidad y mantiene la condena para la mujer que aborte, aunque el juez podrá eximirla de la pena.
A su vez, las reformas incluyen al delito del acoso laboral, castigan la tenencia de pornografía infantil y aplican el seguimiento para hechos como el abuso sexual agravado y de violencia de género.
Principales puntos de reforma:
– Pena de un mes a dos años de prisión para la tenencia de estupefacientes para uso personal, cuando no pueda acreditarse que la conducta se da en el ámbito de la privacidad.
– Aborto: se le otorga al juez la potestad de no aplicar sanciones a las mujeres, aunque se prevé una fuerte discusión sobre este punto dado que no se trata en ningún caso de una legalización ni tampoco de una despenalización llana.
– Mantiene la imposibilidad de acceder a la libertad condicional para los reincidentes y para los condenados por delitos violentos como homicidio agravado, abuso sexual agravado o secuestro extorsivo.
– Imposibilidad de acceder a la libertad condicional a los condenados por corrupción de menores, explotación de la prostitución, contrabando agravado, financiamiento del terrorismo, tráfico de estupefacientes, trata de personas y delitos de lesa humanidad, entre otros.
– Aumento de las penas para los delitos de corrupción, como el cohecho (pasivo y activo), soborno trasnacional y enriquecimiento ilícito, con escalas que van de 4 a 12 años de prisión -actualmente son 1 a 6- para que sean de cumplimiento efectivo.
– Se incorpora la figura de “peligro abstracto” con penas de inhabilitación de 6 meses a tres años para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o estupefacientes.
– Se exime de responsabilidad penal a los miembros de las fuerzas de seguridad “que actúen en cumplimiento del deber y en uso de su arma reglamentaria”.
– Se incorpora un agravante de pena por violencia de género obligando al juez a establecer una pena dentro del tercio superior de la escala penal que corresponda para cada delito.
