El procesamiento está vinculado con el presunto delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”. “Todos son ejecutores y deben responder como tales”, consideró el juez Sebastián Casanello.
El juez federal Sebastián Casanello procesó al exfuncionarios y empresarios por presuntas irregularidades en las concesiones de la construcción de las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López.
El procesamiento, que incluye a otros exfuncionarios como por ejemplo, al titular de la estatal empresa de energía ENARSA Exequiel Omar Espinosa y a empresarios, entre ellos, Juan Carlos De Goycoechea, de Isolux, y Héctor Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, ambos investigados también en la Causa Cuadernos, está vinculado con el presunto delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”.
“Ninguno de los intervinientes realiza la totalidad de la acción, sino que ella se produce como consecuencia de la sumatoria de todos los actos parciales de aquéllos. En este particular modo de actuar, ninguno de los autores es un instrumento de otro, sino que por el contrario, todos ellos son ejecutores y deben responder como tales”, equiparó Casanello a funcionarios y empresarios.
Al mismo tiempo, el letrado agregó: “Cada uno de los imputados realizó el aporte necesario para que la maniobra se desarrollase del modo ideado. Es posible distinguir el aporte realizado por los funcionarios públicos y la participación necesaria de los privados”.
Sobre los funcionarios, el juez consideró que “las conductas desplegadas aparecen violatorias del deber de lealtad derivado de la función pública y de su particular competencia”. Mientras que acerca de los empresarios, Casanello determinó que “el aporte de ellos estuvo determinado por su intervención en los procesos licitatorios amañados, en función de los cuales les fueron adjudicadas las obras y, a partir de allí, durante la ejecución de las obras, maximizar las ganancias de sus empresas como consecuencia de la administración infiel de los funcionarios públicos”.
La causa se inició por las supuestas irregularidades detectadas en un estudio realizado por la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre la construcción de las centrales térmicas Brigadier López y Ensenada de Barragán.
“Tales irregularidades habrían tenido lugar entre el año 2010 y el año 2011 al incorporar obras que eran esenciales para la construcción de las centrales térmicas que se habían licitado en el año 2007, pero que -según los términos del requerimiento de instrucción- ENARSA había omitido incluir en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de cada contrato”, explica el fallo.
