La iniciativa de la senadora Anabel Fernández Sagasti ingresará por la Cámara Alta donde el oficialismo cuenta con quórum propio. Juntos Por El Cambio rechazó la estatización de la agroexportadora y lo consideró “ilegal e inconstitucional”.
Tras el anuncio de Alberto Fernández sobre la intervención de la agroexportadora Vicentin, se conoció el proyecto de la senadora Anabel Fernández Sagasti que será tratado en el Congreso.
“Dispusimos la intervención del Grupo Vicentin y enviamos al Congreso una ley de expropiación para garantizar el funcionamiento de la compañía y los puestos de trabajo”, expresó el presidente y agregó que “es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía”.
La administración pública nacional tomaría el control del 51% de la compañía que se encuentra en concurso de acreedores como consecuencia de la deuda por USD 350 millones que tiene la empresa con el estatal Banco Nación, sobre una acreencia total de USD 1.350 millones.
Según publicó Infobae, la iniciativa de la senadora del Frente de Todos Anabel Fernández Sagasti declara “de utilidad pública y sujeta a expropiación a la empresa Vincentin S.A.I.C”.
El primer artículo sostiene que “actuará como expropiante el organismo que designe a tal efecto el Poder Ejecutivo Nacional”. El precio de los bienes sujetos a expropiación será determinada conforme a lo previsto “en el artículo 10 y concordantes de la Ley N°21.499, debiendo el Tribunal de Tasaciones de la Nación efectuar la tasación de los mismos”.
Además, a través del artículo 4 se crea el Fondo Fiduciario Agro Argentina, cuyo “fiduciario y fideicomisario será el Estado Nacional y el Fiduciante de la empresa YPF, a través de YPF AGRO S.A.”
De aprobarse la ley, se aclaró que el personal de Vicentin será transferido a YPF, “conservando todos los derechos laborales adquiridos, la afiliación gremial que posean en la actualidad y la vigencia de su Convenio Colectivo de Trabajo”.
Además, se indicó que para garantizar la continuidad de las actividades que realiza la empresa, el mantenimiento de las fuentes laborales, el resguardo de sus activos y su patrimonio, el Ejecutivo, a través del organismo que designe, “ejercerá desde el momento de la entrada en vigencia de la presente ley todos los derechos que la titularidad de dichos bienes confiere”.
En tanto, el artículo 8 del proyecto de ley sostiene: “La Comisión Nacional de Valores convocará a una Asamblea Extraordinaria de accionistas a efectos de tratar, entre otros asuntos que se consideren necesarios y relevantes, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes de la empresa Vincentin y de la designación de sus reemplazantes, por el término que corresponda”.
Fernández Sagasti calificó de “decisión histórica y estratégica”, el anuncio del Jefe de Estado. “Con esto nosotros estamos dando un paso adelante en todo lo que tiene que ver con lo alimentario en Argentina”, reconoció en declaraciones a la televisión mendocina.
“Estamos hablando del rescate de una empresa totalmente estratégica, pero también del rescate a los miles de trabajadores que dependen de esto”, justificó la senadora.
Por su parte, la coalición Juntos por el Cambio rechazó la intervención y el proyecto de estatización del Grupo empresario Vicentin, al señalar que la iniciativa es “ilegal e inconstitucional” y advirtió que le va a “terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”.
“El anuncio sobre Vicentin es peligroso, ilegal e inconstitucional y nos va a terminar costando miles de millones de dólares a los argentinos”, protestaron los principales referentes de los partidos políticos que conforman la alianza opositora en un comunicado conjunto.
Expropiación a la empresa Vicentin by Será Justicia on Scribd
