Sucedió en Río Gallegos. El acusado tampoco podrá manejar, ni usar celular ni ir a bailar.
En Santa Cruz, un juez sentenció a un hombre denunciado por nueve mujeres a realizar tareas comunitarias durante un año. Pero lo inédito de este fallo es que si el acusado no cumple con la condena, será escrachado en los medios y en las redes.
El condenado, tampoco podrá manejar, ni usar el celular ni entrar a boliches.
Si bien la causa judicial comenzó por la denuncia una expareja del acusado porque la acosaba y ejercía sobre ella violencia de género, el hombre ya había sido denunciado antes por otras exparejas. Es por eso que el juez Antonio Andrade de la ciudad de Río Gallego, decidió unificar todos los expedientes y escarmentar al agresor con una medida “restaurativa”.
Para la Justicia, la última joven que denunció al condenado se encontraba en un estado de riesgo “altísimo”, por lo que ordenó entre otras medidas una prohibición de acercamiento. Sin embargo, unos días después la víctima volvió y advirtió que su ex había violado la perimetral.
La reincidencia derivó en una consigna policial para la víctima y también en que el caso fuera girado a la Justicia Penal. Entonces fue que descubrieron las denuncias anteriores: en total eran nueve las mujeres que lo acusaron por violencia de género durante la relación y todas coincidieron en relatar situaciones de control, persecuciones, rotura de objetos, golpes, ahorcamientos, palabras denigrantes y amenazas.
“A lo largo de cinco años ha sido denunciado por nueve víctimas diferentes, sumado a las denuncias muchas veces efectuadas por los grupos familiares de dichas víctimas, algunas de ellas menores de edad y denunciándose a su vez ocho incumplimientos de las medidas cautelares de las que había sido notificado. En todas las denuncias las víctimas coinciden en actos de menosprecio, violencia psicológica, hostigamientos por llamados telefónicos y mensajes de texto, daños a bienes personales, y en algunos casos serios hechos de violencia física”, señala el fallo del juez Andrade, publicado por el portal La Opinión Austral.
Como cada caso no ameritaba una condena de prisión efectiva, el juez optó por empezar un tratamiento psicológico que será controlado para “revertir su comportamiento violento y desafectivizado por el término mínimo de un año”, el pago de una multa de $ 10.000, el retiro de su carné para conducir y la prohibición de manejar por el mismo período, además del secuestro de sus teléfonos celulares. También durante un año y dependiendo de su evolución terapéutica no podrá ingresar a ningún boliche.
Por último, la condena advierte que si vuelve a agredir a otra mujer se va a “exhibir su imagen en los canales de televisión locales y redes sociales a los fines de informar a la comunidad sobre la peligrosidad y el riesgo que implica el nombrado para el género femenino”.
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