Juan José Esteban aseguró que la profesional trabajó en base al protocolo, y sostuvo que están apoyándola en todo aspecto y esperando a lo que decida la Justicia. “Lo que se hizo fue legal y no se cometió ningún delito”, se defendió la profesional Miranda Ruiz.
Después de que una médica estuviera detenida algunas horas por haber participado de un procedimiento de interrupción legal del embarazo (ILE) en el hospital de Tartagal, en Salta, el ministro de Salud Pública de Salta, Juan José Esteban, aseguró que la profesional trabajó “en base al protocolo”, y sostuvo que están “apoyándola en todo aspecto y esperando a ver qué decide la Justicia”.
“Tenemos la historia clínica y la doctora ha trabajado en base al protocolo que sugiere la práctica ginecológica, así que estamos apoyándola en todo aspecto y estamos esperando a ver qué decide la Justicia”, dijo el ministro salteño.
Sobre el caso de la médica Miranda Ruiz, denunciada por la práctica de una interrupción legal del embarazo el 24 de agosto pasado, en el hospital Juan Domingo Perón, a una joven de 21 años, con 22 semanas y dos días de edad gestacional, Esteban afirmó: “Nosotros nos ajustamos a derecho». Somos conocedores que la ley 27610 está vigente, así que estamos trabajando en base al marco legal”.
El caso
Ruiz fue detenida la semana pasada, durante algunas horas, e imputada por la presunta comisión del delito de aborto, por pedido del fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas Gonzalo Ariel Vega, ante el Juzgado de Garantías 2, a cargo de Héctor Mariscal Astigueta.
La denuncia, que dio apertura a una causa, la radicó una tía de la mujer. El fiscal consideró que la profesional no se adecuó a la Ley 27610, de IVE, que dispone en su artículo 4 que las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar tienen el derecho a decidir acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional.
Fuera del plazo dispuesto, existen excepciones contempladas por el Código Penal, de las cuales una es que el embarazo fuera producto de un abuso sexual, o bien, que estuviere en peligro la vida o salud integral de la persona gestante. En estos casos se trata de una ILE. Las fuentes indicaron que “a prima facie, no surgió del análisis de la historia clínica ninguna de estas causales”.
“La causa sigue abierta aunque me hayan liberado”, explicó la médica Ruiz en diálogo con France 24. El fiscal Vega fue quien había pedido la detención e imputó a la profesional por “la presunta comisión del delito de aborto, contemplado en el artículo 85 inciso 2” del Código Penal, que sostiene que quien cause un aborto será penado “con reclusión o prisión de uno a cuatro o más años, si obrare con consentimiento de la mujer”.
Sin embargo, Ruiz detalló que hay constancia en la historia clínica de que “la paciente fue evaluada por un equipo interdisciplinario”, y que se habían realizado las interconsultas necesarias. “Lo que se hizo fue legal y no se cometió ningún delito”, afirmó.
Por otro lado, la medica destacó que el procedimiento con pastillas de misoprostol (el fármaco más ampliamente utilizado para interrumpir embarazos) es autoadministrado, por lo que cuestionó cómo podría haber obligado a una paciente adulta a abortar. “Es difícil que una pueda obligar a la paciente que no está en un quirófano con anestesia”, sostuvo.
