Un sargento primero de la Policía Caminera, dos médicos del COE Río Cuarto y a una trabajadora social fueron imputados por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad” al impedir el ingreso de Pablo Musse a Córdoba.
La Justicia de Córdoba definió las primeras imputaciones en la causa por la muerte de Solange Musse, la joven que padecía una enfermedad terminal.
La fiscal federal Alicia Cena imputó a un sargento primero de la Policía Caminera, a dos médicos del COE Río Cuarto y a una trabajadora social por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad al impedir el ingreso de Pablo Musse a Río Cuarto durante la pandemia.
En su momento, Musse presentó una denuncia ante la Justicia federal de Córdoba, fuero del juez N° 1, Ricardo Bustos Fierro, en contra de las autoridades de la provincia porque no se le permitió el ingreso a la provincia de Córdoba cuando fue a visitar y despedir a su hija quien se encontraba en gravísimo estado internada en Alta Gracia.
La denuncia apuntaba a los posibles delitos de “abuso de autoridad”, “violación de los deberes de funcionario público” y “privación ilegal de la libertad calificada”. Al mismo tiempo, la familia había realizado otra denuncia, a través de su abogado Carlos Nayi, contra el Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), con sede en Washington.
El caso Solange
Pablo Musse había viajado para ver a su hija por última vez, debido al cáncer terminal de mama de estadio cuatro (metástasis en huesos, hígados y pulmones), por lo que llegó a Huinca Renancó tras 40 horas de manejo sin descanso por Neuquén, Río Negro y La Pampa.
El 16 de agosto de 2020, le impidieron el ingreso a la Provincia y a su cuñada, Paola Lorena Oviedo, quienes no pudieron trasponer el puesto de control interprovincial ubicado en la ruta 35, en la localidad de Huinca Renancó.
