El procedimiento se llevó a cabo en la Asociación del Personal No Docente de la Universidad Nacional de la Entre Ríos (Apuner), luego de constatar que una mujer estaba cobrando de 22 tarjetas sociales. Su pareja es el tesorero.
La Asociación del Personal No Docente de la Universidad de Entre Ríos (Apuner) fue allanado en su sede en la ciudad de Paraná debido a una investigación por el fraude detectado con planes sociales.
Durante el fin de semana pasado una mujer fue demorada por la policía provincial al advertir que tenía en su poder 22 tarjetas de beneficiarios de planes sociales y estaba haciendo extracciones en un cajero automático.
Por orden del fiscal Gonzalo Badano, se allanó su domicilio particular y en el interior de un vehículo estacionado adentro, se encontraron más de $200 mil.
Por averiguaciones, se supo que el esposo de la mujer demorada trabaja como tesorero del gremio Apuner, mientras que ella le había dicho a los policías que la demoraron que era del Movimiento Evita, pero a las pocas horas se desmintió esa información, según consignó NA.
El fiscal evaluó la custodia de la sede de Apuner ayer y los uniformados advirtieron que ese mismo día se presentó el esposo de la mujer investigada.
Allí fue abordado por el personal de la División Delitos Económicos de la policía provincial, se ordenó el allanamiento del gremio y descubrieron que en su interior funcionaba una suerte de financiera.
La hipótesis
Según los investigadores, la mujer y su marido extienden líneas de créditos a personas que son beneficiarios de planes sociales y para acceder a aquellos deben hacer entrega de sus tarjetas.
La información fue confirmada además en las últimas horas cuando la fiscalía entrevistó a una parte de los beneficiarios con planes sociales que así lo testificaron.
Si bien el número es indeterminado, al momento se cree que son más de 22, de las cuales se detectaron por las tarjetas que tenía la mujer.
La causa tramita como estafa y tiene, por el momento, sólo a la mujer y a su marido, el tesorero del gremio, investigados, mientras que ahora la Justicia tendrá que determinar si las autoridades de Apuner estaban al tanto de la maniobra.
