Aborígenes usurparon unos terrenos de una empresa inmobiliaria. Durante el procedimiento, hubo forcejeos entre miembros de la comunidad aborigen Tusca Pacha y cuatro detenidos. Entre ellos una funcionaria nacional que fue liberada horas más tarde, al igual que los otros arrestados.
La policía de Jujuy desalojó con violencia una usurpación en terrenos sobre el margen del río Los Alisos, en Palpalá y durante el procedimiento, hubo forcejeos entre miembros de la comunidad aborigen Tusca Pacha y entre los detenidos, una funcionaria nacional que fue liberada horas más tarde, al igual que los otros arrestados.
El desalojo se hizo a partir del reclamo de una empresa inmobiliaria que se presentó en la Justicia y denunció que en el predio, que tiene dos hectáreas, los aborígenes mantenían una huerta comunitaria y un maizal.
Durante el procedimiento hubo forcejeos y la policía disparó balas de goma y hubo cuatro detenidos: Rosa Gutiérrez, José Luis Fuentes, Andrés Deymonaz y Anastasia García, coordinadora provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena de Nación (Safci), que depende del Ministerio de Agricultura. Fueron liberados horas más tarde.
(Video – Fuente: Cynthia García)
Mirá también: Espionaje ilegal: ampliaron el procesamiento de Marcelo D’Alessio y de Daniel Santoro
La funcionaria cuestionó que el procedimiento se realizó “con más de 50 efectivos policiales con armas de fuego” y que durante el operativo “hicieron correr a niños, ancianos y a mujeres embarazadas”, aseguró en diálogo con Télam. Además, criticó que el magistrado Zurueta “ordenó el desalojo, haciendo oídos sordos a los derechos de la comunidad”.
Por su parte, la presidenta de la comunidad Tusca Pacha dijo que en las tierras que fueron desalojados vivieron sus abuelos. “Somos fuertes, gente de campo que tenemos la capacidad y seguimos sobreviviendo en esta tierra. Nos llegó el desalojo, ignorando todas las pruebas que hemos presentado como comunidad originaria”, afirmó.
El Movimiento Nacional Indígena Campesino calificó el procedimiento como “violento”, mientras que la coordinación provincial de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena lo tildó de “atropello policial”.
El organismo dependiente de Agricultura planteó que “las familias fueron reprimidas mientras defendían su legítimo derecho de permanencia en esas tierras”. Consideró que “los diferendos deben ser resueltos mediante el diálogo y pacíficamente, priorizando siempre las necesidades del pueblo y sus organizaciones en la lucha por una vida digna”.
