Alberto Maques manifestó su preocupación por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y consideró que “diferentes sectores judiciales priorizan sus intereses por sobre el de la totalidad de los ciudadanos”.
En pleno debate por el proyecto de la Reforma Judicial en comisiones del Congreso, el presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Maques, expresó su preocupación por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires al considerar que aún no se cumple.
“Quienes formamos parte de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguimos muy atentamente el avance del proyecto de ley de organización y competencia de la Justicia Federal con asiento en la Ciudad y en las provincias, que se refiere a la transferencia de la totalidad de la competencia penal no federal a nuestra Ciudad, lo cual permitirá avanzar y dar otro paso hacia la autonomía plena”, sostuvo.
Además, destacó: “Parece increíble, pero pese a la reforma constitucional del año 1994, notablemente trascendente en materia de conformación territorial desde la organización nacional, acordando la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires mediante el reconocimiento expreso de facultades propias de legislación y jurisdicción, la deuda con nuestra ciudad va a cumplir 26 años, ya que aún no se ha cumplido con lo que prescribe el artículo 129 de la misma, que consagró la autonomía política, legislativa y jurisdiccional de la Ciudad Autónoma”.
El presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires manifestó que pese al traspaso paulatino de competencias desde el año 2000, donde se realizó el primer convenio, hasta el año 2019 donde se recibió el narcomenudeo y, a pesar de las facultades propias de jurisdicción sobre materias de derecho común, “la competencia en la administración de justicia, continúa siendo injustamente limitada, principalmente por la férrea oposición y el ‘lobby’ de diferentes sectores judiciales, que priorizan sus intereses sobre el de la totalidad de los ciudadanos”.
“El proyecto es claro respecto a que los magistrados, magistradas, funcionarios, funcionarias, empleados y empleadas comprendidos, salvo renuncia expresa, conservarán su categoría, la intangibilidad de sus remuneraciones, su antigüedad, obra social y derechos previsionales. Por ello, resultaría de toda justicia que finalmente se transfiera la competencia para investigar y juzgar la totalidad de los delitos cometidos en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con excepción de la materia federal, al Ministerio Público y a los jueces competentes de la referida Ciudad”, sostuvo en un escrito publicado en La Nación.
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También destacó que otro aspecto fundamental es que el proyecto establece que la transferencia de competencia será acompañada de los correspondientes recursos, autorizando al Poder Ejecutivo Nacional a transferir a la Ciudad las partidas presupuestarias que correspondan, recursos públicos que deber ser administrados y gestionados con extremada eficiencia, sobre todo teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y económica que transita el país.
“Nuestro Poder Judicial está absolutamente preparado para el traspaso en análisis; espero que pronto se avance con el traspaso que esperamos, debemos trabajar incansablemente para lograrlo, ya que ello permitirá que los ciudadanos puedan vivir mejor”, concluyó.
