Los puntos claves en el proyecto de Ley de Góndolas

Los grandes supermercados aún se resisten y no soluciona el problema de las PYMES.

Frente al fuerte crecimiento de la inflación en la gestión de Mauricio Macri, aún sigue si progresar la Ley de Góndolas que en algún momento había planteado el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación Alfonso Prat Gay.

En su planteo, el entonces ministro había planteado la posibilidad de instrumentar una ley “a la ecuatoriana” que establece parámetros de participación de pymes, relación entre la producción y comercialización, abusos en las promociones y exhibiciones por parte de supermercados, entre otros.

Pero no fue el único caso, ya que en 2016, la diputada nacional Elisa Carrió (quien presentó la renuncia la semana pasada a partir de marzo de 2020 y anunció su retiro de la política) expresaba su disconformidad con las grandes empresas de consumo masivo y grandes cadenas de supermercados. Era como la “Robin Hood de las Pymes y la defensora de la Clase Media”.

Sin embargo, su proyecto en la comisión de Defensa al Consumidor obtuvo dictamen en minoría. El que lleva la delantera con dictamen en mayoría es la ley “Grabois, el defensor de los pobres”.

Los proyectos plantean al menos 7 interrogantes para compartir:

1- Grandes superficies comerciales, un daño del pasado con ataque en el presente

Durante los años 90´ los hipermercados penetraron fuertemente el mercado de consumo masivo en Capital Federal y Gran Buenos Aires ganando participación de mercado y llevando al cierre a pequeñas almacenes y autoservicios nacionales que no pudieron adaptarse a esa nueva competencia.

Las grandes cadenas comerciales tomando como parámetro la presencia del programa Precios Cuidados se amplía a 2500 puntos de venta. Lo que se muestra como una solución total para la mejora de la competencia implica un 0,7 % del volumen total de puntos de venta que tiene productos de alimentación en nuestro país.

2- La concentración económica en grandes empresas y cadenas de supermercados

Sin ninguna duda hay sectores sensibles de consumo masivo donde hay situación oligopólica de mercado, es decir, hay pocos oferentes que superan más del 60% de participación de mercado en pañales, detergentes, café, gaseosas, yogures, leche, entre otros.

De 2011 a la fecha, Argentina vive un proceso de “desertificación empresarial” Pyme. De acuerdo a datos del Banco Mundial, en Argentina nace una sociedad formal cada 2.326 habitantes entre 15 y 64 años, en Brasil nace una cada 300 habitantes y en Chile una cada 125.

De acuerdo con los datos del Instituto del Fracaso, las empresas nacientes en América Latina y el Caribe tienen un promedio de vida de 2,9 años.

En Argentina, 93% de las empresas sobrevive menos de un año.

De acuerdo a un Informe de la Fundación del Observatorio Pyme, la proporción argentina de emprendedores con respecto a la población económicamente activa es 5% inferior a Brasil y 10% inferior a Chile, también es inferior a la proporción registrada en México, en Perú y en Colombia.

3- Participación en góndolas de Pymes, agricultura familiar, campesina o indígena

La ley que tiene dictamen de mayoría es la llamada ley “Grabois” presentada por el Frente Patria Grande que impulsó el Frente para la Victoria que propone que las Grandes Superficies Comerciales Alimenticias que superen los (1000 m2) de superficie destinada a la exposición y venta cubierta en los núcleos urbanos con una población de hasta 500.000 habitantes o superen los (2000 m2) de superficie destinada a la exposición y venta cubierta en núcleos urbanos con una población de más de 500.000 habitantes queda prohibida la utilización de una góndola en más de un 30% de su capacidad para una sola marca, proveedor o grupo de empresas proveedoras relacionadas o vinculadas (en adelante Proveedor) dentro de una misma categoría de producto.

Dicha participación deberá involucrar a no menos de cinco proveedores, de alcance nacional, provincial o regional. Garantizar como mínimo un 5% de la capacidad de las góndolas para ser utilizado con productos producidos por la agricultura familiar, campesina o indígena definido por el Art. 5º de la Ley Nº 27.118 y los sectores de la economía popular.

4- Mercado por ley, no por producción y competencia

De acuerdo a la nueva ley, sólo podrían tener ambas empresas no más del 60% de exhibición en góndola (30% de capacidad de góndola como máximo para cada empresa) para esa categoría X.

5- Condiciones de Mercado vs. Ley de Góndolas para Pymes

La liquidez en el mercado hoy es “oro” para las Pymes. Intentan vender en efectivo para evitar pagar los costos del sistema financiero, los plazos de cobro del mismo y tasas superiores al 60% para financiar su capital de trabajo.

El impuesto inflacionario hace que los microemprendedores y pymes facturen más por inflación pero vendan menos por volumen por lo cual paguen más impuestos vendiendo menos.

Los microemprendedores y comercios minoristas tradicionales obligados a blanquear sus ventas con controladores fiscales y factura electrónica encuentran un sistema de presión tributaria que no le deja respiro y oxígeno para la supervivencia.

O Monotributo para sobrevivir o salto al vacío para responsable inscripto con carga tributaria imposible de sobrellevar.

Las pymes necesitarían tener mejores condiciones para fortalecer su economía y finanzas y no necesitarían que les “regalen” góndola. Tendrían la capacidad suficiente como un actor empresario privado más del mercado ganársela solo. Las grandes empresas le pisan la cabeza por que transita por la vida económica argentina con los pies atados por impuestos elevados para su volumen de producción.

6- La “Robin Hood de las Pymes”

Elisa Carrió intentó oficiar durante toda la gestión de Cambiemos en el gobierno apuntando más a la suba de precios por la concentración económica en varios rubros de consumo masivo y prácticas abusivas de las grandes cadenas de supermercados.

Su proyecto, que tiene dictamen en minoría, aborda el problema en un paso anterior en la cadena de valor en la relación entre productores pymes e industria.

Además, aplica un código de buenas prácticas a las 10 cadenas de supermercados más importantes del país. Es menos restrictivo que el proyecto de Ley “Grabois” ya que plantea una participación de al menos 3 proveedores en cada producto de la canasta básica alimentaria, y un 25% de participación de pymes en el total de proveedores de las cadenas de supermercados.