El presidente del Tribunal tuvo un problema de salud por el cual está internado. La viuda de uno de las víctimas acusa que “estuvieron hasta último momento para comunicarnos la suspensión”.
En enero de 1994 se conoció la llamada “Masacre de Wilde” cuando policías de la entonces Brigada de Lanús persiguieron a los ocupantes de dos autos, presuntamente al confundirlos con un grupo de delincuentes que buscaban y los asesinaron a balazos.
A casi 26 años, un tribunal de Lomas de Zamora realizará el año próximo el juicio oral y público contra nueve expolicías acusados de haber disparado cerca de 200 balazos que mataron a cuatro personas que viajaban en dos autos, en un emblemático caso de gatillo fácil.
Pero para este viernes 6 de diciembre estaba previsto una audiencia preliminar convocada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 del mencionado distrito para organizar con las partes aspectos vinculados a la prueba, sin embargo, fue suspendida “por fuerza mayor” ante la licencia médica del presidente del Tribunal. “Se hace saber que se fijará nueva audiencia a los mismos fines a la brevedad posible ni bien se reintegre”, les avisaron a los familiares de Edgardo Cicutín, una de las cuatro víctimas.
En dicha audiencia “las partes aportan/proponen los testigos que presentaran en juicio, acto seguido el Tribunal nos daría la fecha para la realización del juicio, el cual obviamente iba a ser para el año próximo”, contó Raquel Cicutín en diálogo con serájusticia.net. Y agregó: “El presidente del Tribunal tuvo un problema de salud por el cual está internado, y estuvieron hasta último momento para comunicarnos la suspensión”.
Ante esta mala comunicación, Raquel contó que lo viven con “bastante bronca, indignación y ante todo preocupación”. Es que a lo largo de estos años hubo cuestiones que hicieron que el juicio se vaya retrasando cada vez más: “Mientras Marcos Ariel Rodríguez estaba prófugo, nadie lo buscó hasta que por obra y magia del universo apareció en nuestros caminos el Juez de Garantías Gabriel Vitale quien se puso en contacto conmigo y pude decirle donde estaba y capturarlo”.
Además, la viuda de Cucutín destacó que “Rodríguez logró obtener una preventiva domiciliaria sin pulsera electrónica porque la Justicia no tiene más, y se supone que Gendarmería vela porque no deje su casa. Otro de los imputados intenta no tener que ser juzgado por demencia senil. Cuando quisimos, pudimos y teníamos la fecha para hacer la pericia médica, nos la suspendieron”.
“Por suerte la Dra. Martínez, quien puso éstas y tantísimas otras trabas para que la causa no llegara a juicio, renunció al patrocinio de varios de los imputados (entre ellos Rodríguez). Por estas cosas del destino, el presidente del Tribunal se enferma al punto de tener que estar internado y debemos esperar una nueva resolución al respecto, ya que hasta el momento los 3 integrantes del Tribunal siguen en pie”, detalló.
El caso
La “Masacre de Wilde” ocurrió el lunes 10 de enero de 1994, cuando los excomisarios Roberto Mantel, Hugo Reyes y Eduardo Gómez, los ex oficiales Osvaldo Lorenzón, los exsubtenientes Marciano González y Pablo Dudek, y los exoficiales Julio Gatto y Marcelo Valenga persiguieron a los ocupantes de dos autos, presuntamente al confundirlos con un grupo de delincuentes que buscaban y los asesinaron a balazos.
Las víctimas fueron el remisero Norberto Corbo y sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, quienes viajaban a bordo de un Peugeot 505, y el vendedor de libros Edgardo Ciccutín, que se trasladaba en un Dodge 1500, conducido por Claudio Díaz.
De acuerdo a la investigación, un Renault 21 en el que iban cuatro efectivos interceptó el paso y chocó el Peugeot, mientras que minutos después se sumaron otros cinco policías que llegaron en otro vehículo y acribillaron a balazos ese auto, por lo que murieron los tres ocupantes.
Ante esta situación, Díaz trató de eludir esa escena, pero un grupo de los policías lo hicieron detener, bajar del Dodge con sus manos en alto y lo obligaron a tirarse al piso.
Cuando Ciccutín trató de hacer lo mismo, fue baleado y luego murió en el hospital de Wilde a raíz de las graves heridas sufridas.
De acuerdo a los peritajes, ambos vehículos y las víctimas recibieron unos 200 impactos de bala calibre 9 milímetros disparados con pistolas y al menos un subfusil Uzi.
En principio, los once policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, pero luego la Cámara de Apelaciones y Garantías los liberó y finalmente fueron sobreseídos.
Además de quienes ahora van a juicio, estaban imputados el comisario César Córdoba y Carlos Saladino, (ya fallecidos), todos integrantes de la brigada cuyo subjefe era el entonces comisario y actual abogado Juan José Ribelli, procesado y luego absuelto por el atentado a la AMIA y quien no estaba en el país cuando ocurrió el hecho.
Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseidos por la misma medida, pero luego la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que en 2013 ordenó reabrir el expediente al sostener que “aún cuando se considerase que el cuádruple homicidio investigado no configura un delito de lesa humanidad, es indudable que sí constituyó una gravísima violación de los derechos humanos”.
veremos