La audiencia fue convocada a las 11.30 y será transmitida por YouTube. La querella de las víctimas de la AMIA se oponen a esta audiencia pedida por Cristina Kirchner, imputada en la causa.
El Tribunal Oral Federal 8 convocó para este viernes a una audiencia pública para debatir un planteo de nulidad de la causa por la firma del memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, pedida por defensas de los imputados, entre ellas la de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
La jueza Gabriela López Iñiguez hizo la convocatoria para las 11.30, donde las partes estarán a través de la plataforma Zoom, pero que al mismo tiempo será transmitida por YouTube, según resolvieron los jueces López Iñiguez, Daniel Obligado y José Antonio Michilini.
La audiencia fue convocada para debatir un planteo de nulidad presentado por la defensa de la expresidenta y otros imputados, que piden que se declare nula la reapertura de la causa y no se realice el juicio oral. Mientras que la querella de las víctimas de la AMIA se oponen a esta audiencia, ya que entienden que es un escenario para cerrar la causa, como sucedió con el caso dólar futuro.
La causa investiga “un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad- y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.
Ayer, el TOF8 rechazó un planteo de recusación para apartar al fiscal del caso Marcelo Colombo, que habían presentado las querellas de familiares de víctimas y la DAIA.
Los planteos de nulidad se basan en reuniones que tuvieron dos jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos con el entonces presidente Mauricio Macri en momentos en que los dos magistrados debían resolver sobre la causa abierta por denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.
La pesquisa había sido cerrada por inexistencia de delito pero Borinsky y Hornos dispusieron su reapertura.
