La Corte de Mendoza consideró que la estación de servicio deberá pagarle $150 mils por daño moral y que se trata de un abierto caso de discriminación.
La Corte de Mendoza ordenó que una estación de servicio del departamento Guaymallén indemnice a una empleada a la que obligó a usar, a modo uniforme, una calza de un talle menor al suyo.
La decisión del Máximo Tribunal consideró el caso dentro de las leyes de protección de la mujer y los tratados internacionales referidos a la violencia de género y advirtió que existió un trato discriminatorio, ya que la empresa, al usar diferentes uniformes para los hombres, impuso “un estereotipo patriarcal tendiente a visualizar a la mujer destacando su cuerpo como instrumento” y “la imposición de vestimenta claramente sexista importa una cosificación y degradación del cuerpo”.
Ahora, la empresa deberá indemnizar por daño moral la suma de 150 mil pesos.
Mario Adaro, uno de los tres jueces del Máximo Tribunal de Mendoza explicó en diálogo con TN que la explicación de la empresa para obligar a usar ese uniforme era que “hay una indumentaria reglamentaria femenina y otra masculina”. “En el expediente existe una pericia psicológica que demustra una situación de angustia y ansiedad”, sostuvo.
El caso
La víctima que trabajana en una estación de servicio debía usar como uniforme de trabajo una calza, una remera y una gorra. Sin embargo, ella le pidió a sus jefes un pantalón de talle 38 de corte de mujer. No sólo no se lo daban sino que la calza que tenía que usar era talle S, no correspondiente al suyo.
Meses después, cuando le renovaron la indumentaria a sus compañeros, ello logró que uno de los empleados le diera un pantalón de hombre. Eso hizo que la empresa la notificara con un apercibimiento por haber sido advertida en reiteradas oportunidades del uso del uniforme completo obligatorio.
Después de tantos apercibimientos, empezó un cruce de cartas documentos en la que explicó que “la utilización de otro tipo de uniforme responde también a cuestiones de seguridad y conveniencia porque manejo dinero que me es dado en pago y al carecer las calzas de bolsillo, no tengo dónde guardarlo ni cómo ejercer cómodamente su custodia”.
Luego de considerarse “gravemente injuriada y despedida por exclusiva culpa de la patronal”, advirtió trato discriminatorio e inició una demanda laboral. La misma resultó favorable a la empleada por la suma de $42.094 e intereses por $155.918, pero no se consideró que el despido fuese discriminatorio.
No conforme con ello la mujer llevó el caso hasta la Corte provincial. El máximo tribunal provincial – conformado por José Valerio, Mario Adaro y Omar Palermo- falló a favor de la empleada indicando que también deberán indemnizar a la mujer “por el rubro daño moral”, por la suma de $ 150.0002.
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