Se trata de de Aníbal Areco, el perito de la psiquiatra Agustina Cosachov, acusado por la maniobra. Se lo investigará por la presunta comisión de un delito de acción pública, en este caso, develar secretos médicos. Además, después de conocerse el informe final, Leopoldo Luque pidió ser citado.
Tras la presentación del informe ante la Justicia, los fiscales a cargo de la investigación de la muerte de Diego Maradona abrieron una causa paralela contra el perito de la psiquiatra Agustina Cosachov, Aníbal Areco, acusado de haber filtrado el viernes las conclusiones preliminares de la Junta Médica.
Fuentes judiciales informaron que existe la seguridad de que el responsable fue Areco, ya que había una marca distintiva que tenía el archivo, por lo que cada uno fue enviado de manera personalizada a cada perito.
En ese sentido, el viernes pasado todos los peritos de parte que actúan en la causa Maradona recibieron a través de su WhatsApp un archivo de 70 fojas con las conclusiones oficiales de la junta médica. Debían leerlo y plantear sus disidencias o presentarse el lunes al mediodía en la fiscalía a firmarlo de manera oficial. También tenían guardar estricta confidencialidad y no filtrarlo.
Sin embargo, lo que ninguno sabía es que cada uno de los archivos que recibieron eran distintos, ya que los diferenciaba un numero escondido entre las palabras que a simple vista parecía un error de tipeo pero que era la marca elegida para identificar al posible filtrador.
En el primer párrafo del archivo se leen los nombres de los peritos oficiales y uno de ellos es el oficial inspector Dr. Federico Corasaniti: se confeccionó una lista con los nombres de los peritos de parte y asignarle a cada uno de ellos un numero y poner al lado de la palabra “Federico” ese número para que parezca un error de tipeo.
Justamente, en el documento que se difundió se lee “Federico1 Corasaniti” y en el listado el 1 correspondía al psiquiatra de Agustina Cosachov, por lo que no hubo dudas de que el documento salió del teléfono de Areco.
Ante esta situación, los fiscales de San Isidro, encabezados por el fiscal General John Broyad, realizaron un despacho en el que iniciaron una causa contra el perito por la filtración. “Analizada la documental aportada por los coordinadores de la junta interdisciplinaria y evaluadas las cuestiones de trazabilidad emerge con claridad que quien ostentó el rol de perito de parte de la imputad Agustina Cosachov (Dr. Aníbal Areco) habría recibido exclusivamente el informe luego viralizado”, señalaron.
La postura de Leopoldo Luque
A través de un escrito, el neurocirujano volvió a ponerse “a disposición de los señores fiscales de concurrir a la primera citación”, después de conocerse el informe de la Junta Médica que evaluó el accionar de los profesionales a cargo de la salud de Maradona.
Luque aseguró que va a contestar “todas las preguntas” que los fiscales o el juez le quieran hacer sobre la causa que investiga la muerte del extécnico de la Selección Argentina.
La situación de Luque, imputado por “homicidio culposo”, se complicó después de la publicación del informe ya que la acusación podría cambiar a una más grave.
El informe de la Junta Médica
Los especialistas convocados por la Fiscalía General de San Isidro llegaron a 13 conclusiones, entre las que se sostiene que “el actuar del equipo de salud a cargo que atendía a DAM fue inadecuado, deficiente y temerario”, que “Maradona comenzó a morir, al menos, 12 horas antes de las 12.30 del día 25/11/2020, es decir que presentaba signos inequívocos de periodo agónico prolongado, por lo que concluimos que el paciente no fue debidamente controlado desde las 00.30 horas del día 25/11/2020”.
También concluyeron que “fueron ignorados los signos de riesgo de vida que presentaba el paciente”, que “el cuidado de enfermería durante la estancia en la casa de Tigre, posterior a la externación de Clínica Olivos, se encuentra plagado de deficiencias e irregularidades”, y que “el estado de salud del paciente fue abandonado a su suerte”.
Según detalló La Nación, entre los próximos diez y quince días, el equipo de fiscales definirá si indaga a los siete sospechosos por el delito de homicidio culposo, que tiene una pena de entre uno y cinco años de prisión, o por homicidio simple con dolo eventual, con una escala de entre ocho y 25 años de cárcel.
