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“No se entiende de qué delito me acusan”, se defendió Alejandra Gils Carbó

El juez Ercolini envió a juicio oral a la exprocuradora General de la Nación por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

Después de que el juez federal Julián Ercolini enviara a juicio a la exprocuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, en una causa por supuestas irregularidades en la compra de un edificio para la nueva sede de la Procuración, la exfuncionaria se defendió del proceso judicial que deberá afrontar.

La declaración de ayer era por zoom; cuando me siento en la computadora y voy a buscar el link de la audiencia al mail, cinco minutos antes, ahí me encuentro con que me habían notificado la elevación a juicio. No sé se habrán pensado que iba a tener algún impacto, pero lo cierto es que no, porque no se entiende de qué delito me acusan”, señaló la exjefa de los fiscales nacionales y federales.

En declaraciones radiales aseguró: Esa causa había empezado con un sobre anónimo en la fiscalía de Carlos Rívolo, que decía que yo había comprado un edificio para beneficiar a mi ex marido; esa hipótesis no duró más de tres o cuatro días, por lo cual, una vez que la Cámara estableció que yo no había cobrado ninguna comisión ni perjudicado al Estado, pasó a ser que yo direccioné la licitación porque quería para mi despacho un edificio señoria”.

Para Gils Carbó, “más allá de que no existe ese delito”, son dos argumentos “absolutamente misóginos”. “Son gente que se habla solo entre ellos mismos, por eso se dan cuenta lo que implica una acusación de género contra la primera procuradora mujer”, sostuvo.

No tienen argumentos, pero voy a ir a juicio oral”, remarcó y agregó: “Yo tenía el antecedente de haber frustrado el intento de Mauricio Macri de crear una especie de IGJ porteña, lo cual era un escándalo; había un interés muy grande para pasar por encima de la ley”.

Para la Justicia la compra del edificio había sido digitada previamente y se montó todo un armado para darle apariencia de legalidad. También irán a juicio Bellingi, Fischer, Jaureguiberry y Thill por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.