La acusación había sido presentada por una decena de diputados de Juntos por el Cambio, quienes aseguraban que el observatorio era una “comisaría del pensamiento” y que la información al respecto era “escasa y difusa”. En cuanto al pedido de indagatoria de la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, la jueza pidió a ese organismo toda la documentación y normativa para analizar si se desprende de allí la comisión de algún delito.
Este viernes la Justicia decidió rechazar la denuncia que diputados de la oposición radicaron contra la titular de la Defensoría del Público, Miriam Lewin, por la creación de NODIO, y que había sido promovida el pasado jueves por el fiscal Carlos Stornelli.
La acusación, que llevaba las firmas de más de 10 legisladores de Juntos por el Cambio entre los que se encontraban Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Graciela Ocaña, aseguraba que el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales -destinado a desarticular las noticias falsas que circulan en los medios- es una “comisaría del pensamiento”, que la información pública acerca de NODIO es “escasa y difusa”, y que ese “secretismo” es “contrario a los actos de gobierno que se enmarcan en un sistema republicano”.
El pasado jueves el fiscal Carlos Stornelli había promovido una investigación penal contra Lewin, solicitando a la jueza María Capuchetti, en quien recayó la denuncia opositora, dictar una “medida cautelar” para prohibir “la producción de cualquier acto administrativo y/o decisión y/o ejecución por parte de la Defensoría Público de Servicios de Comunicación Audiovisual y/o cualquier otro organismo estatal, que pudiera tender a llevar adelante las actividades” del observatorio.
“No solo se apuntó contra los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, sino que avanza en la posibilidad de imputarla por atentado a la libertad de prensa y persecución ideológica”, agregaba el texto presentado por el representante del Ministerio Público Fiscal.
“Señora Juez, una seria inquietud sobrevuela la Argentina, quizás una de las más peligrosas, aquella que se refiere a la amenaza a las libertades individuales. ¿Será que existen grupos cuyo perverso plan sea ese?” Y hasta se preguntó si lo que se busca es imponer una “cuarentena mental (…) Yo mismo he sido objeto de la mentira calumniosa, obscena, violenta y descarada. Jamás cuestionaría la libertad para hacerlo. Elijo siempre la libertad”, planteó Stornelli.
Este viernes Capuchetti pidió como prueba la normativa de creación del organismo, y consideró que “más allá de la opinión que se pueda tener sobre la creación de un organismo como el cuestionado y de cuál o cuáles deberían ser la acciones positivas que los Estados deben realizar para combatir la desinformación en línea, lo cierto es que en el estado actual en que se encuentran las cosas los perjuicios invocados por el fiscal son meramente hipotéticos y basados en una apresurada interpretación de la norma cuestionada que incluso omite individualizar”.
“El desafío de abordar la problemática de la desinformación en línea que el Observatorio cuestionado tendría como objetivo es evidente y bastante común en diversas partes del mundo, pero también lo es la preocupación de la ciudadanía respecto de la forma en que se lleva a cabo este tipo de tarea pues, a través de ese tipo de iniciativas es posible limitar de manera indebida la libertad de expresión, extender el control del Estado sobre los medios, restringir la libertad en Internet y ampliar la facultad de diversos actores de recopilar datos personales”, agregó.
Por último, la magistrada destacó que “respecto del necesario aporte de aquellos elementos de convicción que resultan obligatorios para quien requiere una medida cautelar, entiendo que las aisladas alegaciones que realiza el fiscal referida a que el aparato estatal se estaría arrogando la potestad de definir o calificar qué noticia o expresión pública tendría o no tal alcance malicioso, no ha sido complementada con el acompañamiento de ningún elemento que evidencie siquiera hipotéticamente el perjuicio alegado”, y cerró: “Máxime, si tenemos en cuenta que dentro de las recomendaciones que realizan los organismos internacionales hacia los Estados se encuentra la de “evaluar la posibilidad de respaldar medidas positivas para abordar el problema de la desinformación en línea, como la promoción de instancias independientes para la verificación de información”.
