Será el lunes 3 de agosto a las 9.30 vía zoom. Tendrá una frecuencia de dos audiencias semanales los lunes y martes y será semipresencial. La vicepresidenta, principal imputada, no está obligada al igual que el resto de los acusados, a estar de manera presencial en el debate. Hasta el momento solo declararon 6 de los más de 100 testigos convocados.
El Tribunal Oral Federal número 2 resolvió reanudar el 3 de agosto el juicio por presuntas irregularidades en la obra pública en la que están involucrados la vicepresidenta, Cristina Kirchner, y otros acusados, entre ellos el empresario Lázaro Báez.
La decisión la tomó el Tribunal tras hacer dos pruebas técnicas esta semana: en la última de ellas todo funcionó de manera correcta tras el aporte que hizo el Consejo de la Magistratura.
De esta manera, el proceso judicial será retomado el primer lunes de agosto a las 9:30, vía zoom ya que sistema Jitsi Meet, generó inconvenientes en varias ocasiones. Además, el juicio tendrá una frecuencia de dos audiencias semanales los lunes y martes y será semipresencial.
Para garantizar el distanciamiento social y evitar riesgos de contagio de coronavirus en la sede del Tribunal sólo estarán los jueces y quién preste declaración testimonial junto a un secretario, en tanto que todas las demás partes lo seguirán por la plataforma Zoom en sus oficinas o casas.
El proceso comenzará en esta nueva etapa con la declaración testimonial uno de los denunciantes, el extitular de Vialidad Javier Iguacel, que cumplió funciones durante la gestión de Mauricio Macri.
La vicepresidenta está acusada de ser la presunta jefa de una asociación ilícita que habría direccionado 52 obras públicas en Santa Cruz al Grupo Austral, de Báez, por $46 mil millones. Entre los acusados en el juicio que comenzó el 21 de mayo de 2019, junto al empresario y Cristina están el exsecretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo José López, y el exministro de Planificación Julio De Vido.
Todos están procesados por asociación ilícita y defraudación a la administración pública a raíz del presunto direccionamiento del 80% de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas del grupo Báez, supuesto pago de sobreprecios e incumplimientos.
Hasta el momento sólo han declarado seis testigos de los más de 100 que hay convocados para este juicio oral y público.
La exvicepresidenta, la principal imputada y no está obligada al igual que el resto de los acusados a estar de manera presencial en el debate.
