Luego de su alegato ante el Tribunal Oral Federal 2, el abogado Lucio Simonetti sostuvo que los fiscales le exigían hacer lo que la legislación le prohibía. El exfuncionario tiene un pedido en su contra de cuatro años de prisión.
En una nueva jornada de alegatos de las defensas en el juicio por la presunta corrupción en la obra pública, este viernes realizó su descargo el abogado de Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas. Sobre él pesa un pedido de condena de cuatro años por parte de la fiscalía. La defensa a cargo de Lucio Simonetti rechazó las acusaciones y al pedir la absolución acusó al fiscal Diego Luciani de realizar una “interpretación maliciosa” de los mensajes del celular de José López que involucran a Fatala.
Abel Fatala se encuentra en la línea de ex funcionarios acusados como responsables de la maniobra defraudatoria, que produjo un perjuicio estimado en 1.000 millones de dólares a las arcas del Estado.
Además se lo señaló como responsable de la estructura que posibilitó la “sustracción de fondos públicos” y por ello se pidió cuatro años de prisión por el delito de administración infiel en perjuicio de la administración pública.
Durante los alegatos del Ministerio Público Fiscal se expusieron una serie de mensajes de whatsapp del celular de López que involucraban a Fatala en lo que respecta “a saltearse instancias legales en varios procesos, a intervenir directamente en algunas obras que se iban a licitar en Santa Cruz”, detallaron los fiscales.
La defensa del ex subsecretario de Obras Públicas consideró que el fiscal Diego Luciani no realizó “una descripción precisa de los hechos por los que pidió cuatro años de prisión” para Fatala.
Al respecto añadió que en este caso “no se está juzgando un hecho cometido de manera activa, sino que se le imputa una omisión, no haber cumplido con sus funciones», expresó el abogado Lucio Simonetti.
La administración fraudulenta, que se agrava al ser en perjuicio del Estado teniendo en cuenta las partidas presupuestarias otorgadas al Grupo Báez, es el delito atribuido a Abel Fatala. La fiscalía señaló que “bajo un acuerdo espurio, permitiendo sobreprecios, licitaciones amañadas, obras inconclusas, un flujo constante de fondos de forma ilegal”.
En otras palabras, se indicó que todos los ex funcionarios, perjudicaron “los intereses confiados al violar su deber de administrar y cuidar fielmente los bienes del Estado nacional, con el fin de procurar un lucro indebido propio o de terceros, como por ejemplo, el del empresario Lázaro Báez”.
La estructura muestra cómo sin el dueño de Austral Construcciones la maniobra no se podría haber concretado: era indispensable contar con una empresa que sea la adjudicataria de las 51 licitaciones por $ 46.000 millones. La compañía se puso en marcha en mayo de 2003 y dejó de funcionar en diciembre de 2015, con la salida de Cristina Kirchner de la Casa Rosada.
Ante el cuadro probatorio expuesto por los fiscales, el abogado de Fatala indicó que se hizo una “descripción precisa de qué fue lo que no habría cumplido» el ex funcionario, y en ese mismo sentido remarcó que la Subsecretaría de Obras Públicas “no tenía poder de control sobre la Dirección Nacional de Vialidad” que era la que licitaba las obras adjudicadas a Báez.
En otras palabras, reiteró: «La Subsecretaría de Obras Públicas no tenía competencia para inmiscuirse en todo lo que sucedía en la Dirección Nacional de Vialidad, es la clave para entender la situación de Fatala y los demás Subsecretarios».
Al refutar las acusaciones añadió que no había ninguna normativa “que estableciera cómo debía realizarse dicho control. No hay un reglamento, una disposición administrativa que detallara en qué consistía la intervención de la Subsecretaría respecto de la Dirección de Vialidad Nacional”.
