Martín Mura manifestó opinión durante su exposición ante el Plenario de Comisiones del Senado. “Lo más grave es que esto se lleva adelante en plena pandemia, con un presupuesto ya en ejecución, lo que agrava aún más la situación”, señaló.
Ante el Plenario de Comisiones del Senado de la Nación, el ministro de Hacienda y Finanzas, Martín Mura, hizo referencia al convenio firmado a comienzos del 2016 entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y consideró que “el decreto como este proyecto de ley son inconstitucionales y buscan debilitar las cuentas de la Ciudad”.
Durante su exposición, señaló que se incurre en un error al considerar esta transferencia mediante el detalle del traspaso de agentes, patrulleros o chalecos, sino que “se la debe analizar como un traspaso de competencias y funciones del servicio de Seguridad a la Ciudad de Buenos Aires”.
En este sentido, aclaró que “el mecanismo de transferencia de los recursos vía coparticipación era el único mecanismo que, a esa fecha, garantizaba la automaticidad, intangibilidad y goteo diario”.
Además, hizo mención a que existe otro error conceptual en explicar el traspaso tomando como base el año 2016, el cual fue un año de transición: “El costo del servicio se debe analizar a través de la ejecución presupuestaria del año 2015, donde la prestación del servicio de Seguridad estuvo a cargo del Gobierno Nacional, presidido en ese entonces por la actual vicepresidenta”.
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Por otra parte, sobre la rendición de cuentas del GCBA, Mura explicó que “si bien el Decreto N° 399/2016 no se lo exigía, la Ciudad de Buenos Aires se comprometió de manera voluntaria a presentar cada año los informes técnicos de rendición de cuentas ante la Comisión Federal de Impuestos (CFI)”.
Para el ministro porteño esta decisión unilateral e inconsulta del Gobierno Nacional “avanza sobre el artículo 75 de la Constitución Nacional, lesionando todo concepto referido al federalismo fiscal. Pero lo más grave aún es que esto se lleva adelante en plena pandemia, con un presupuesto ya en ejecución, lo que agrava aún más la situación”.
“El recorte del 1,18% de la Coparticipación se trata de un guadañazo a las cuentas públicas de la Ciudad”, remarcó. A valores del 2020, eso representa la pérdida de $ 36.000 millones y es equivalente a dos meses de salarios de los empleados de la Ciudad o a 10 meses de sueldos de todo el personal de Salud.
Para lo que resta del año, la Ciudad dejará de percibir $ 13.000 millones, que equivalen al pago de los salarios hasta fin de año de 20.000 policías de los 25.000 con los que hoy cuenta la Ciudad de Buenos Aires.
Por otra parte, si este proyecto de ley se aprobara, la pérdida estimada de ingresos para la Ciudad en el 2021 alcanzará los $ 64.000 millones.
