Desde Juntos por el Cambio exigen la presencia del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, en la Legislatura para que explique las gestiones que se están llevando a cabo con los detenidos.
Tras los incidentes ocurridos en el penal de Devoto en la que los detenidos exigieron una mesa de diálogo para pedir ser liberados por el peligro de contagio de Covid-19 y ante una escalada en el resto de la provincia de Buenos Aires, donde existe la sobrepoblación carcelaria, legisladores provinciales le pidieron al gobierno bonaerense un informe sobre el avance de las excarcelaciones y la situación del sistema penitenciario.
Desde Juntos por el Cambio se impulsó el reclamo hacia Axel Kicillof. Diputados escribieron un documento dirigido al titular de la Cámara baja, Federico Otermín, para exigir la presencia en la Legislatura del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak para que explique las gestiones que se están llevando a cabo con los detenidos.
“La situación de las cárceles en la Provincia requiere de la atención de todos, pero la solución no puede ser abrir las puertas de los penales sin buscar otras alternativas”, habían mencionado desde el sector que conduce el legislador bonarense Maximiliano Abad.
Y advirtieron en un escrito: “La pandemia del Covid-19 no puede convertirse en una excusa para excarcelar a presos con causas por delitos contra la vida, la integridad sexual, de género, con uso de armas, de corrupción, entre otros, y sin un mínimo de control ni atención a la delicada situación de las víctimas”.
La oposición busca conocer la situación de las cárceles provinciales que ya tuvieron episodios de protesta al respecto y, por eso, quieren saber cómo están manejando la presión desde el Gobierno de Axel Kicillof; por el otro, buscan advertir del avance de las excarcelaciones por razones sanitarias, una decisión que no depende del gobernador sino de los jueces y fiscales.
Como es de conocimiento público en otras jurisdicciones, los internos consiguieron cierto respaldo legal para continuar su detención en sus casas, si son parte de la población con factores de riesgo o mayores de 60 años. También tienen el beneficio las embarazadas o mujeres detenidas con hijos menores.
En este sentido las liberaciones podrán producirse siempre que los reclusos estén acusados o condenados por delitos no violentos o leves, con penas de hasta seis años de cárcel, según el hábeas corpus colectivo que habilitó el juez de Casación Bonaerense, Víctor Violini, a comienzos de abril.
Con este criterio de hábeas corpus colectivo, habría más de 1500 presos en condiciones de ser liberados de las cárceles bonaerenses, comisarías e instituto de menores. De hecho las excarcelaciones ya están en marcha.
En las últimas horas, Sergio Massa advirtió que los jueces que liberen a los presos pueden ser sometidos a juicio político.
