También se refirió al proceder de las autoridades del hospital Garraham, “que han dispuesto las medidas institucionales pertinentes” para la separación preventiva del profesional.
Tras la detención del pediatra Ricardo Russo por la tenencia y distribución de pornografía infantil, el Ministerio Público Tutelar de la ciudad de Buenos Aires informó que se ha dado intervención a la Asesoría Tutelar de Primera Instancia en lo Penal Contravencional y de Faltas, número 2.
“Nuestra intervención está centrada en los derechos de las niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas del accionar del médico denunciado, que de ser encontrado responsable de los delitos que se le imputan, ha cometido innumerables vulneraciones a los derechos de nuestros representados”, destacó la Asesora General Tutelar, Yael Bendel.
Por su parte, Bandel remarcó el trabajo de la fiscal Daniela Dupuy y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a cargo del Dr. Marcelo D’Alessandro, que “con gran profesionalismo persiguieron este grave delito que tanta consternación produce en nuestra sociedad”.
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También se refirió al proceder de las autoridades del hospital de Pediatría Juan P. Garraham, que han dispuesto las medidas institucionales pertinentes, “que es la separación preventiva de este profesional hasta tanto la justicia se expida”.
La funcionaria señaló estar ante un caso de “absoluta gravedad”, ya que estamos frente a un profesional, que ejerce un cargo en un hospital de niños, atendiendo una población en extrema vulnerabilidad por cuestiones de salud y en muchas ocasiones vulnerabilidad social.
“El cargo y el rol que este profesional venía desarrollando en el Hospital de Pediatría Garrahan conlleva el cuidado psico-físco e integral de la salud de las niñas, niños y adolescentes que transitan por ese reconocido centro de salud”, indicó la asesora.
El Ministerio Público Tutelar de la CABA cuenta con un sistema de redes compuesto por la línea 0800-12-27376, el WAPP 15 7037 7037 y Asesoría Responde http://www.mptutelar.gob.ar/asesoria-responde, para denunciar, de manera anónima y confidencial, situaciones de maltrato o violencia hacia niñas, niños y adolescentes y personas usuarias de los servicios de salud mental.
