La Cámara Federal dio lugar al pedido del ex titular del SOMU pese a la negativa del juez Canicoba Corral.
Finalmente, el sindicalista Omar “Caballo” Suárez obtuvo la prisión domiciliaria que a fines de abril le había otorgado por problemas de salud el tribunal oral que lo juzgará por ser el presunto jefe de una asociación ilícita.
La Cámara Federal decidió que el dirigente debe gozar ese beneficio porque se lo otorgó el Tribunal Oral Federal 4 y se espera que salga en libertad esta misma noche.
El fallo fue avalado por los jueces Guillermo Costabel, Gabriela López Iñíguez y Daniel Obligado. Señalaron que el ex titular del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) padece “diversas patologías que no pueden, en su conjunto, ser tratadas satisfactoriamente ya sea en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza o en el Hospital Penitenciario Central, ni siquiera extremando los esfuerzos de tales instituciones de acuerdo a sus recursos disponibles”.
En su parte médico, el sindicalista preso padece hipertensión arterial en tratamiento, bradicardia sinusal, dislipemia, hipoacusia moderada, acúfenos, cataratas, lumbalgia y un nódulo sospechoso de carcinoma papilar que se le detectó en la glándula tiroides, déficit cognitivo, tendencia a la depresión y problemas para caminar por sus propios medios.
Anteriormente, el juez Canicoba Corral la negó porque una parte de las investigaciones contra “Caballo” estaban en su poder, por lo que la decisión debía ser compartida con el tribunal. “La presente cuestión resulta zanjada y deviene abstracta en virtud de pasar el detenido a exclusiva disposición del T.O.F. n° 4, que ya ha decidido sobre la misma situación”, indicaron los camaristas Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi que intervinieron en el caso luego que Canicoba se desprendiera del caso.
El ex secretario general del SOMU comenzó a dirigir el gremio en 1989 y estuvo hasta septiembre de 2016 cuando fue detenido. Está procesado por los delitos de asociación ilícita y entorpecimiento de las vías navegables por pedirle dinero a los barcos que querían ingresar a los puertos a través de una fundación y de una empresa vinculadas al sindicato. Por esos hechos será juzgado desde el próximo 9 de agosto .
