En conferencia de prensa, el procurador Penitenciario de la Nación Francisco Mugnolo reflejó la realidad carcelaria de nuestro país.
Con el Informe Anual 2018 que se presenta anualmente al poder legislativo nacional, el titular de la Procuración Penitenciaria Francisco Mugnolo analizó la situación actual de las cárceles federales. En cumplimiento de la ley 25.875, nuestro organismo recibió un total de 51.989 demandas de la población reclusa.
Así, el procurador junto a la Directora del Observatorio de Cárceles Federales, Marta Monclus, señalaron el crecimiento desmedido de la población carcelaria que en mayo de 2019 se llegó a un récord histórico con 14.181 personas privadas de libertad. Este número hizo que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declarara la emergencia carcelaria.
La crisis fue reconocida en marzo de este año a través de la Resolución 184/2019. En este sentido, se conformó en el ámbito de la Secretaría de Justicia la Comisión de Emergencia en materia penitenciaria de la cual la PPN participa activamente.
Por otra parte, el Procurador Adjunto Interino Ariel Cejas Meliare, hizo mención a las prácticas de tortura y /o malos tratos que aún persisten. A través de la aplicación del “Procedimiento para la investigación y documentación de casos de tortura y malos tratos” la institución constató que hubo más de 500 casos de torturas y/o malos tratos durante el 2018.
Las cifras por un lado muestran la estructuralidad de un problema que requiere para su erradicación de una firme voluntad por parte de todos los actores involucrados.
Las muertes bajo custodia fue otro de los ejes analizado. Ramiro Gual, jefe de investigación de Casos de Fallecimientos en prisión de la PPN, detalló que a fines del año pasado se cumplió una década de aplicación del “Procedimiento para la Investigación y Documentación de Fallecimientos en Prisión” (Res. 169/PPN/08).
La Procuración propuso esta herramienta con el fin de identificar las responsabilidades estatales con el objetivo de contribuir a la reducción de los factores que producen este tipo de hechos. A la vez se contribuyó en generar registros fiables y exhaustivos sobre muertes en prisión.
Además, Mariana Lauro coordinadora de Trabajo con Colectivos Sobrevulnerados en Prisión, informó que la Procuración Penitenciaria de la Nación presta especial atención a los colectivos sobrevulnerados debido al impacto que pueden tener ciertos incumplimientos de derechos o la desatención de necesidades específicas haciendo referencia a las mujeres y población LGBT+, a los jóvenes adultos, a los niños, niñas y adolescentes en centros socio-educativos de régimen cerrado, a los extranjeros en prisión y a las personas con discapacidad física o mental que se encuentran encarceladas.
En el último trimestre de 2018 se encontraban alojadas 37 mujeres con sus hijos y 8 embarazadas.
Lauro, resaltó a los obstáculos en el acceso a derechos económicos, sociales y culturales (DESC) de las personas detenidas. Derechos como educación y trabajo a menudo se ven cercenados con el impacto que en las personas ello implica. En esta línea también señaló afecciones en el derecho a la salud de las personas presas, tanto en lo relativo a la atención médica de patologías físicas como en lo referente al cuidado de la salud mental. Las vulneraciones a los DESC marcan la obstaculización al contacto entre detenidos y familiares, en particular el impacto de la cárcel sobre los niños, niñas y adolescentes con referentes adultos privados de libertad.
