El ex secretario de Transporte declara en indagatoria en el marco de las causas por su enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra que hizo el Estado en España y Portugal.
Detenido desde abril de 2016, el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal 6 desde la semana pasada para declarar en el marco de las causas por su enriquecimiento ilícito y el de sus testaferros y por la compra de trenes chatarra que hizo el Estado en España y Portugal, entre otras.
Si bien aceptó declarar en indagatoria en el juicio, Jaime no aceptó contestar preguntas y monologó durante más de una hora. “No compramos chatarra y no me enriquecí”, sostuvo, y agregó: “Molesta que hablen de trenes chatarra porque ofenden a los profesionales que trabajan en el Estado vinculados con los ferrocarriles e inspeccionaron y aprobaron la compra del material”.
“Voy a descartar que el Estado argentino fue estafado. Porque si aceptara que compramos chatarra tengo que colegir que los profesionales que inspeccionaron y recibieron los trenes fuimos estafados. Y serían dos gobiernos los estafadores: España y Portugal. Para desmentir esto deberían declarar como testigos los funcionarios de las empresas estatales de España y Portugal”, propuso el condenado por la tragedia de Once.
Además, la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, determinó que en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171%, que buena parte de los trenes no funciona y está arrumbado y que no se controló lo adquirido.
“No compramos trenes chatarra. La política que pensó Néstor Kirchner para los ferrocarriles se cumplió durante mi gestión. Desconozco por qué no los repararon. Se llevaron a los talleres. Y los que se arreglaron comenzaron a funcionar, inclusive aún funcionan algunos”, continuó.
En cuanto al caso de enriquecimiento ilícito intentó desincriminar a sus testaferros: “El único acusado debería ser yo por mi responsabilidad política y nadie más. Parece que la vida de la gente que está inculpada comenzó cuando me conocieron a mí. Nunca tuvieron nada antes de mí y por eso son consideradas personas interpuestas”.
En tanto, recordó que había firmado un pre acuerdo con la fiscal del juicio Gabriela Baigún, por el que se hacía responsable de sus culpas en cuatro de los juicios, incluyendo el de enriquecimiento ilícito. Aceptaba una pena de cuatro años de prisión, el pago de una multa millonaria en su nombre y en el de sus testaferros más cercanos a cambio de no ir a juicio: entre las condiciones que puso estaba la de recomprar la casa en la que vive su hija Julieta en Carlos Paz antes de que fuera decomisada. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal rechazó el acuerdo que hizo la fiscal, algo previsto por la normativa, y por ello a fines de abril comenzó el juicio.
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