Se trata de Héctor Olivero, de 87 años, que tenía Alzheimer. El abogado de las familias afectadas dijo que la denuncia que lleva adelante es contra los dueños del geriátrico, la médica encargada de la salud de los residentes y el Gobierno de la Ciudad. La residencia ya fue clausurada.
Luis Megyes, uno de los apoderados del establecimiento se disculpó por lo ocurrido. “Desde el primer día planteé que se los trasladara, pero el Gobierno de la Ciudad consideró que sanitariamente no era correcto”, afirmó.
Será contra los dueños, los médicos y el Estado, por los contagios de COVID-19. La Fiscalía General de la Ciudad, a cargo de Juan Bautista Mahiques instruyó que se abriera una investigación.
En una nota, el consorcio le prohíbe a la profesional de la salud “tocar picaportes, barandas de escalera” y le impide “acceder a la terraza del edificio”. La amenazan con llevarla a juicio.
Los delincuentes habían intentado robar. Uno de ellos estaba armado con una pistola 9 milímetros.