El juzgado Civil y Comercial 12 de San Isidro dijo ser incompetente, ya que los conflictos entre una Municipalidad y el Gobierno de la Provincia “son ajenos al conocimiento de los jueces ordinarios” y decidió remitir el caso a la Suprema Corte Bonaerense.
La medida alcanza a unos 2500 funcionarios de la Justicia provincial. Podrán ceder de manera voluntaria entre el 15 y el 20 % de sus salarios, dependiendo la categoría.
El magistrado había sido propuesto por el gobierno de María Eugenia Vidal. Durante la segunda sesión ordinaria, la Legislatura bonaerense aprobó, por unanimidad, la designación del juez Sergio Torres para ocupar la vacante disponible en la Corte Suprema de Justicia bonaerense. La Cámara alta hizo referencia a la solicitud de la gobernadora Vidal para completar […]