Tras el “reto” de Casación, la reanudación será desde el martes con dos audiencias por semana. Por su parte, el fiscal Abel Córdoba avaló que se baje la fianza contra el empresario, quien sugiere que el pago de U$S 5.4 millones se calcule al precio del dólar oficial.
Como en las ocasiones anteriores, se debe a problemas tecnológicos y de conexión. Hasta el momento, el Tribunal no logró concretar el reinicio del proceso y suspendió las audiencias que iban a hacerse el 24 de junio y el 1 de julio pasados.
Iba a reanudarse hoy, pero se suspendió por problemas técnicos. El Tribunal Oral Federal 4 reclamó que el Consejo de la Magistratura encuentre una solución técnica para poder retomar las audiencias: los simulacros no funcionaron.
La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó un planteo de la defensa de Lázaro Báez en el juicio por lavado de dinero, que había sido interrumpido en marzo. El juicio se reanudará dentro de dos semanas.
Será de manera semipresencial. Hay nueve personas imputadas, entre las que se encuentran las dos monjas Kosaka Kumiko y Asunción Martínez, y la exapoderada legal del instituto, Graciela Pascual.
La pena y los fundamentos serán leídos el 2 de junio. El cuerpo de la adolescente fue encontrado desnudo, con lesiones cortantes y golpes en la cabeza, enterrado en la Reserva Natural Santa Catalina en julio de 2017.
Tanto la fiscalía como la querella pidieron prisión perpetua para Marcos Esteban Bazán, el único acusado. En febrero, Marcelo Villaba dejó de ser juzgado por recomendación de la Junta Médica. Florencia, la novia de Bazán sostiene que su pareja es “inocente” y que es “una causa armada”.
Las audiencias online necesitan conectar a 50 personas a la vez y, según el Consejo de la Magistratura, no se puede garantizar que funcione correctamente.
El debate, que se reanudó con una serie de medidas de resguardo, contó con la presencia de los jueces, el fiscal, los abogados, una persona del púbico por parte. En tanto Marcos Bazán, el imputado, lo hizo por videoconferencia desde el penal.
La agrupación Usina de Justicia lo acusa de “incompetencia, negligencia en el ejercicio de sus funciones y el incumplimiento de los deberes de su cargo”.