Los jueces que el Gobierno trató de desplazar pidieron la suspensión del concurso abierto para reemplazarlos. “Hemos sido removidos por la política”, aseguraron.
Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Hemos sido removidos por la política”, manifestaron.
En su presentación ante la CIDH los camaristas pidieron una medida cautelar para detener el concurso para nombrar a otros jueces en los cargos que ocupan, en la sala I de la Cámara Federal porteña. Solicitaron que hasta que la CIDH no se expida se interrumpa el concurso para reemplazarlos, que está previsto para el próximo 26 de febrero.
Desde su punto de vista, los magistrados consideran que fueron “removidos por la política” y que se trata de cargos “vitales para quienes manejan actualmente el sistema del poder”, ya que entre las causas que revisan están las de corrupción.
Al mismo tiempo, plantearon que fueron “desalojados en forma expedita” por “las actuales autoridades del Estado Argentino”. Afirmaron que se trató de actos “en apariencia lícitos con un vicio originario de ilegalidad, montados desde la estructura máxima del poder del Estado y perfectamente coordinados”.
También remarcaron que se “violaron las garantías de inamovilidad y estabilidad” y que entre los motivos para las acciones impulsadas por el Gobierno pueden haber estado “la venganza, búsqueda de impunidad o simplemente obtener cargos del esquema central del Poder Judicial”.
Manifestaron que la Corte “resolvió en forma retroactiva, especialmente vedada, y afectando seriamente la seguridad jurídica, cuestión que la invalida fatal y definitivamente, afectando la inamovilidad y estabilidad de decenas de jueces que, a partir de la resolución, pierden su status y se convierten en transitorios”.
La presentación de ambos camaristas es contra el trámite impulsado por el oficialismo para desplazarlos, que empezó en el Consejo de la Magistratura y terminó con el intento de traslado de parte del Gobierno, que finalmente fue aprobado en el Congreso.
Ambos jueces llevaran su reclamo a la Corte Suprema y el Máximo Tribunal los ratificó en sus puestos pero solo hasta que se realice un nuevo concurso.
Los argumentos del kirchnerismo para avanzar en los desplazamientos de los jueces pasaron por las críticas sobre cómo fueron traslados en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri: el oficialismo cuestionó que los movimientos se hicieron por decreto y sin acuerdo del Senado. Mientras que los magistrados sostuvieron que los traslados se hicieron con la normativa vigente y que la Corte Suprema fijó en su acordada 7/18 que estas acciones dentro de la jurisdicción federal no requieren aprobación de la Cámara alta.
