La jueza Alejandra Biotti hizo lugar al planteo que hicieron los magistrados Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, cuyos traslados a esos cargos son objetados por el Gobierno. Además, el juez Germán Castelli recurrió a organismos internacionales como medida de defensa a su recusación.
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Alejandra Biotti ordenó al Senado abstenerse de evaluar si da marcha atrás con la designación de los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, cuyos traslados son objetados por el oficialismo.
La magistrada hizo lugar al planteo de los jueces y ordenó al Congreso no tratar si estuvieron bien hechas las designaciones en una sesión convocada para esta tarde, tal como lo había solicitado el Consejo de la Magistratura con el voto oficialista en el organismo.
Biotti consideró que la situación amerita el dictado de la pre cautelar, hasta que se defina la cuestión de fondo, porque ha variado la situación desde que el Poder Ejecutivo solicitó el acuerdo al Senado.
“Las circunstancias actuales hacen que el daño que los actores intentan evitar pudiera producirse durante el lapso otorgado al Estado Nacional para que produzca el informe”, señaló la jueza al hacer referencia a la documentación que solicitó al Ejecutivo previo a resolver la cuestión de fondo.
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Además, tramita un pedido de inconstitucionalidad y nulidad promovido por los jueces contra la resolución del Consejo de la Magistratura, que con mayoría de voto oficialista ordenó que al menos diez traslados de jueces hechos durante el macrismo y que no contaban con el aval del Senado, debían ser revisados para determinar si deben volver a sus cargos originales o bien permanecer en los actuales.
Germán Castelli, otro de los jueces cuestionados recurrió a Organismos Internacionales
El juez ya había presentado ante la presidenta de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Nación su descargo en el que solicita “que detenga y archive el atropello constitucional iniciado por esa Comisión”, ya que considera que su trámite de traslado fue legal.
Ahora, hizo lo mismo pero ante la Relatoría de la Independencia de Naciones Unidas al destacar la “enorme importancia del organismo encargado de seleccionar jueces y juezas, disponer sanciones disciplinarias e iniciar el proceso de remoción, muestra en sí mismo, en función de las terribles violaciones constitucionales”.
Es que, Castelli considera que el Consejo de la Magistratura “actuó arbitrariamente de principio a final, desviando su poder, atacando el principio constitucional estabilidad e independencia en este caso contra el suscripto, que ese Consejo está llamado a proteger por la Constitución”.
“Actuó sin competencia, inventó una causa simulándolo (no había ninguna denuncia ciudadana contra mi), violó el procedimiento que asegura la defensa en juicio (no me invitó a defenderme. Me enteré por los medios y me defendí espontáneamente), dictó la Resolución 183/20, sin contestar mis argumentos que eran sustanciales para la solución del caso”, explicó en diálogo con serajusticia.net.
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