Los tres jueces iniciaron amparos para que se declare inconstitucional la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar los traslados. También se espera la definición de la Cámara en lo contencioso, pero podría demorar unos días.
La Corte Suprema de Justicia tratará hoy el pedido de “per saltum” presentado por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, quienes iniciaron causas judiciales para continuar en los cargos de los que fueron desplazados por el Congreso nacional.
Se trata de una iniciativa del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, en la convicción de que “los planteos de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli son planteos de naturaleza muy excepcional que, por ésta y otras razones, requieren ser analizados con muchísimo detenimiento”.
Los tres jueces presentaron amparos para que se declare inconstitucional la decisión del Consejo de la Magistratura de revisar los traslados a sus cargos actuales. Además, consideraron que tienen derechos adquiridos y que solo pueden ser quitados de sus cargos con una resolución judicial.
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En paralelo a los recursos presentados ante la Corte, corren los planteos formulados por los tres jueces ante el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal, que fueron rechazados en primera instancia y aguardan la decisión de la Cámara.
En ese contexto, Bruglia y Bertuzzi recibieron ayer un revés ante el pronunciamiento del fiscal general del fuero, Rodrigo Cuesta: tras analizar los argumentos de los magistrados y los hechos, dictaminó que no correspondía otorgar el pedido de amparo, en línea con lo definido en primera instancia por la jueza María Alejandra Biotti.
La discusión de los traslados
En julio de este año, el Consejo de la Magistratura giró al Senado la revisión de los traslados de los jueces para que completara el trámite constitucional de nombramiento de jueces federales con su acuerdo.
Los tres magistrados fueron convocados por la Cámara alta pero no se presentaron y denunciaron pública y judicialmente la medida porque, sostuvieron, atentaba contra las “garantías” que debe gozar un juez para cumplir su tarea.
