A través de un comunicado, la empresa aseguró que un fallo confirmó que la plataforma tecnológica “no cometió ninguna contravención”. Sin embargo, la secretaría de Transporte porteña insiste en que Uber no cumple con el código vigente.
De acuerdo a un fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Uber informó que la aplicación no cometió ninguna contravención, su actividad no se encuentra regulada en la ciudad porteña y es absolutamente legal.
Sin embargo, desde el Gobierno porteño insisten en que la aplicación es ilegal porque y continúa operando al margen de la ley. “El Tribunal Superior de Justicia en esta causa no resolvió la cuestión de fondo respecto a si la actividad es legal sino que se limitó a pronunciarse respecto a una cuestión de cumplimiento de plazos procesales que según la Justicia se encontraban vencidos”, sostienen desde la secretaría de Transporte porteña.
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El fallo del TSJ asegura que la empresa “no vulnera el espacio público”, por lo que “podría resultar sancionada bajo el régimen de faltas” y no como una contravención. El dictamen si bien rechazó la apelación del fiscal Martín Lapadú, quien reclamaba la inconstitucionalidad del fallo de la Cámara de Apelaciones sobre aspectos de la actividad, detalló que “el régimen de faltas aplica a los que prestan el servicio público de transporte de pasajeros sin licencia o habilitación”.
Los detalles del fallo
El Tribunal ratificó uno de los criterios que había sido expuesto por los jueces de la Cámara de Apelaciones al sostener que “la organización de un sistema de transporte a través de una aplicación como Uber no encuadra en el uso del espacio público tipificado en los arts. 86 y 74, CC como lo pretende la acusación”, y que “la fiscalía no logra refutar esa interpretación de la Cámara, que no es irrazonable ni carece de fundamentos, más allá de que se la comparta o no”.
La sentencia advierte que la definición de cómo deberían operar las compañías tecnológicas que presten estos servicios es competencia de otros poderes del Estado y que “la falta de un régimen legal y reglamentario que defina los marcos en que debe actuar viene generando problemas muy distintos, afectaciones a derechos individuales y colectivos, conflictividad con otros prestatarios de transporte, todo lo cual debe tratarse en conjunto y frente a los que la respuesta penales es siempre insuficiente”.
