Así lo determinó una pericia oficial que encargó el juez Bonadio en una causa por supuesto lavado iniciada con una denuncia de Graciela Ocaña. Se investiga el destino de unos $35 millones.
A raíz de una denuncia presentada por la diputada Graciela Ocaña contra el titular de Camioneros Hugo Moyano por el desvío de fondos de la obra social de ese sindicato hacia las empresas manejadas por sus familiares Iarai (la nave insignia), Dixey, Organización de Seguridad Las Marías, Selca SRL y Aconra, se comenzó una investigación y una pericia oficial aportaría nuevas novedades.
Según se investiga en el expediente, estos movimientos guardan correlación con el incremento patrimonial del grupo familiar y se analiza si responden, además a maniobras de lavado de activos. Se investiga una ruta de $35 millones.
En la ampliación de la denuncia, se estableció que en función de los balances de la obra social y las empresas se observa “una serie de sociedades que llevan adelante operaciones comerciales que no tienen sentido económico y que en realidad llevan adelante una integración horizontal que traspasa fondos originados en tributos obligatorios de la salud y de los trabajadores a estas sociedades creadas al efecto de manejar los costos de las prestaciones y de traspasar, en una clásica operación de lavado, estos a su patrimonio personal dando apariencia de legalidad”.
Bajo esa hipótesis, el juez Claudio Bonadio ordenó a la Corte Suprema de Justicia una pericia contable. La primera conclusión que arroja el informe, según fuentes allegadas a los peritos, es que la estructura denunciada “funcionaba como tal: hay un circuito de fondos que iba del sindicato, hacia la obra social y desde allí a la gerenciadora propiedad de la familia Moyano”.
Durante la última información, la obra social en sus últimos cuatro ejercicios contables, “arrojó un patrimonio neto negativo de $636.935.873 pesos”. Por eso, la denuncia sostiene que la OSCHOCA “es inviable, mientras que las empresas Moyano-Zulet no pararon de ganar plata. No existe una prueba más contundente de la defraudación que la comparación de los resultados económicos de las empresas y de la obra social”, agregó Ocaña en su momento.
Ese último balance, firmado por Hugo Moyano, “muestra que mientras los aportes y contribuciones crecieron un 36%, diciembre de 2016 vs diciembre 2015, los gastos prestacionales que facturan sus empresas familiares, superaron el 42%”.
Es por eso que para Ocaña, en este circuito “se oculta el origen ilícito de los fondos que provienen de la defraudación a la obra social y por tanto a fondos públicos”. En menos de 10 años, se contabilizaron traspasos a favor del grupo Moyano-Zulet por “la nada despreciable cifra de 35.213.846 pesos descompuesta de la siguiente manera: Iarai 15.770.826 pesos, Aconra 11.057.253 pesos y Dixey 8.385.767 pesos”.
