Al mismo tiempo, reclamó la asignación transparente de las vacunas. “Esto genera pérdida de confianza y rompe con todos los códigos”, admitió la directora adjunta del organismo.
Tras el escándalo de las vacunaciones VIP, la ONG de Derechos Humanos Amnistía Internacional pidió un informe al Ministerio de Salud para conocer detalles sobre la distribución, criterios de asignación y aplicación de las dosis en todo el país.
“Hicimos pedidos de accesos a la información pública, pero por el momento solo recibimos información parcial”, admitió Paola García Rey, la directora adjunta del organismo.
Además, solicitó una reunión con la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, para brindar aportes en la implementación del Plan de Vacunación con perspectiva de derechos humanos.
Amnistía Internacional consultó detalles referidos al Plan Estratégico de Vacunación. Entre los puntos principales, la organización solicitó información sobre los criterios para la distribución de vacunas en cada una de las jurisdicciones del país, en relación con la cantidad de dosis asignadas a cada una de ellas.
Asimismo, la organización consultó los criterios para la asignación de dosis destinadas a funcionarios/as y/o trabajadores del Poder Ejecutivo y del Congreso de la Nación. Por otra parte, se pidió que el Ministerio de Salud indique si existe un sistema de asignación por fuera de los grupos prioritarios indicados en el Plan Estratégico de Vacunación para casos excepcionales y/o urgentes.
“Estos hechos son lamentables. Esto genera pérdida de confianza y rompe con todos los códigos”, remarcó García Rey en diálogo con TN.
Al mismo tiempo, la ONG también pidió información acerca de denuncias ante casos de asignación a personas que no integrarían el grupo prioritario que está recibiendo dosis contra COVID-19 actualmente y pidió a las autoridades que informen si existe o se evalúa la creación de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en cada una de las jurisdicciones para garantizar la transparencia y respeto por la priorización de grupos determinada en dicho plan.
