En 15 años lo denunció varias veces y la Justicia no hizo nada para protegerla: el hombre terminó acuchillándola.
En 2002 Olga tenía 47 años y cuatro hijos de entre 6 y 22. Vivía en pareja con el padre de sus hijos, Luis Palavecino, por entonces también de 47 años pero se enteró de una infidelidad de su parte y quiso separarse.
El hombre se negó y hasta le incendió el auto. Así comenzó el calvario de la mujer: Olga lo denunció, varias veces. La Justicia y la Policía no la escucharon, o sí, pero la maltrataron. Ahora, muchos años después, por su mal desempeño, el Estado argentino tuvo que pedirle perdón a Olga y comprometerse a dictar medidas que mejoren el acceso a la Justicia a las víctimas de violencia. También debe indemnizarla.
La violencia contra duró años: le pegó, la amenazó de muerte, golpeó a la más chica de sus hijas, destruyó bienes del hogar. Todo fue denunciado por Olga. Se inició una causa, pero estuvo paralizada durante quince años y en 2017 prescribió.
“Me pidió perdón. Y la familia, en vez de ayudar a la separación, influyó para que no me separara, que los chicos, que los iba a dejar sin padre, en fin, me quedé con él”, contó Olga pero la convivencia no era buena y siguió así por más años.
El 2 de febrero del 2017 Olga presentó una denuncia ante la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, en la que pidió que Palavecino fuera retirado del hogar, que se le impidiera acercarse a ella y a sus hijos y que le dieran un botón de pánico.
Se inició un expediente civil por violencia familiar en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 85 y otro penal en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional No. 12, los dos en la Ciudad de Buenos Aires.
Según detalla la Defensoría General de la Nación (DGN), se violaron “derechos fundamentales de la señora Díaz en tanto mujer víctima de violencia de género, quedando comprometido el deber estatal de actuar con debida diligencia reforzada frente a este tipo de casos”.
Más de un mes después, Palavecino esperó que su esposa saliera de su casa y la apuñaló. Eran casi las 11 de la mañana y ella iba al supermercado junto a su hijo, que vio todo. Las cuchilladas fueron cinco: en el brazo, espalda, pero la del cuello fue la más grave. Palavecino fue detenido y Olga operada y quedó internada durante más de un mes en el Hospital Pirovano. Debe tomar medicación de por vida.
Se inició una nueva causa penal en la que intervino el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 26, que ordenó la acumulación de las causas penales previas y dictó la prisión preventiva de Palavecino.
En diciembre de ese año, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 21 lo condenó a 20 años de prisión por tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra su expareja y por mediar violencia de género en concurso con otros delitos como tentativa de homicidio agravado por haber sido cometido contra un descendiente (respecto de su hijo), amenazas coactivas con armas en tres ocasiones (respecto de dos vecinos y un policía que intentaron detenerlo luego del ataque) y resistencia a la autoridad, lesiones y amenazas coactivas (respecto de los hechos denunciados el 2 de febrero de 2017 ante la OVD).
Dos años después, se firmó un acuerdo entre el Estado Nacional y Olga iniciado por una comunicación de la Defensoría General de la Nación al Comité de la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW), el Estado argentino reconoce su responsabilidad internacional por el deficiente tratamiento judicial al caso de Olga, que significó una vulneración de tratados internacionales que fijan el deber de los funcionarios de actuar diligentemente para prevenir la violencia de género.
«Soy la voz de las que ya no pueden hablar. Esas mujeres no fueron escuchadas y yo fui una de ellas. Soy tan solo una sobreviviente”, le contó Olga a Clarín.
Durante la firma del convenio también estuvieron el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj (como representante del Estado argentino en el caso ante la CEDAW) y funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación.
El Estado, además, se comprometió a elaborar y publicar un documento con “Principios Generales de Actuación”, dirigido a los operadores del Poder Judicial para generar buenas prácticas en la atención de estos casos; capacitar a jueces y personal policial en prevenir, investigar y sancionar la violencia de género y sobre los efectos negativos que tienen los estereotipos de género en las denuncias; convocar a organismos con competencia en la atención de casos de violencia de género para formular un Protocolo de articulación institucional; incluir la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación, y crear un registro público de denuncias vinculadas a violencia de género.
