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Vuelve la atención presencial de la Justicia en distritos bonaerenses

La Suprema Corte de Justicia de la provincia dispuso que desde el miércoles próximo se retornará a la atención presencial en los departamentos judiciales del AMBA. Se habilitará el servicio web para la asignación de turnos.

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso que a partir de la semana que viene se volverá a atender de forma presencial en los departamentos judiciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con un sistema de turnos.

El nuevo esquema empezará a regir el día 25 de noviembre y estará sujeto “a criterios rectores tales como el mantenimiento de las medidas de control, prevención y atención sanitaria en el ámbito judicial”, según se detalló. Se habilitará el servicio web para la asignación de turnos.

Las nuevas pautas regirán para los órganos jurisdiccionales y administrativos pertenecientes a la Administración de Justicia correspondientes a las cabeceras departamentales y sedes descentralizadas de General San Martín, La Matanza, La Plata, Lomas de Zamora, Moreno–General Rodríguez, Morón, Quilmes y San Isidro.

Además, se prevé la programación y organización de turnos rotativos de personal para cumplir tareas presenciales; el máximo aprovechamiento de las herramientas tecnológicas y de las comunicaciones; la combinación de servicios presenciales con prestaciones telemáticas y el mantenimiento del teletrabajo.

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Las audiencias en los fueros Civil y Comercial, Laboral, de Familia y Contencioso Administrativo continuarán celebrándose de modo presencial, mixto o telemático.

Las Oficinas y Delegaciones de Mandamientos y Notificaciones convocarán al personal no dispensado a prestar servicios en turnos rotativos de manera presencial, pudiendo organizar equipos de trabajo con rotación secuencial y redistribuyendo las zonas de notificación para favorecer la realización de actividades en inmediaciones del lugar de residencia de los trabajadores.

Por otra parte, se prorrogan hasta el 30 de noviembre las medidas cautelares o de protección judicialmente decretadas por situaciones de violencia familiar, de género, restricción a la capacidad o adultos mayores.