El presidente expondrá los principales cambios en la apertura de sesiones legislativas de marzo, pero ya se conocieron algunas modificaciones importantes al régimen actual.
La Comisión de Reforma del Código Penal presentó al Ministerio de Justicia el anteproyecto que, luego de ser revisado por el Poder Ejecutivo, será presentado por el presidente Mauricio Macri en marzo.
Luego de casi cincuenta reuniones plenarias y la incorporación de los 900 «parches» hechos en el último siglo, el juez de Casación Penal y presidente de la comisión, Mariano Borinsky, entregó el anteproyecto con las leyes modificatorias.
El texto reduce las posibilidades de la libertad condicional, que estará prohibida para los condenados por homicidio doloso, secuestro extorsivo, trata de personas, tortura, desaparición forzada de personas, terrorismo y por agresión sexual. Además, en el caso de los abusadores sexuales se implementará el seguimiento socio judicial a aquellos que ya hayan cumplido su pena y que se podrá extender por un máximo de diez años.
El anteproyecto incrementa las penas en delitos de corrupción. Se crea la categoría “delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos», con una pena de 3 a diez años, que se elevará a cuatro y doce años, respectivamente, en el caso de que el autor fuera el Presidente o funcionarios de primera línea.
En cuanto al narcotráfico, las penas pueden llegar a ser de cadena perpetua en caso de que el delito se cometa en el marco de una organización internacional. Por otra parte, el texto también incorpora tipos penales que pueden llevar al homicidio doloso en accidente vial hasta los 10 años de cárcel efectiva. Por último, el aborto será no punible en todos los casos en que se compruebe que el embarazo fue producto de un abuso sexual.
El cuerpo redactor estuvo integrado por juristas de diversas vertientes, como el camarista, Carlos Mahiques; la jueza Patricia Marcela Llerena; el titular de la Federación Argentina de la Magistratura, Víctor María Vélez; el procurador de Salta, Pablo López Viñals; el juez de tribunal oral Guillermo Jorge Yacobucci; la jueza Patricia Susana Ziffer, el fiscal Pablo Turano y el abogado Fernando Córdoba. Los representantes del Ejecutivo fueron el director de Política Criminal, Carlos González Guerra, Guillermo Soares Gache (Seguridad) y Yael Bendel (Desarrollo Social).
