El Presidente confirmó la postura del Ejecutivo y que su intención es que “dentro de la ley” se recupere “lo más posible” del dinero adeudado a la AFIP.
El presidente Mauricio Macri manifestó su indignación acerca del fallo de la Cámara Federal que dejó en libertad al empresario Cristobal López y remarcó que su delito no fue evasión fiscal sino que fue “malversación” de fondos. “Se los robó”, apuntó y confirmó que desde el Gobierno y la AFIP apelarán ante Casación para que se revierta su situación.
“No puede ser que se quiera enmarcar esto en una evasión, cuando no fue evasión. El cobraba por cuenta y orden de la AFIP impuestos que no eran de su actividad y se los quedó y los destinó a comprar otras cosas. Se los robó. Eso claramente es malversación, es una acción delictiva absoluta. No corresponde. Estamos hablando de muchos miles de millones de pesos que son de los argentinos”, argumentó el mandatario a La Cornisa.
En este marco, indicó que “parte del dinero de la deuda (con la AFIP) se ha perdido” y que su intención es que “dentro de la ley” se recupere “lo más posible” en tanto que en el mismo sentido“hay que cuidar los puestos de trabajo en Indalo” donde “el desfalco” es “total”.
Confirmó, además, que López le dirigió una carta dónde le preguntó si lo “perseguía”, a lo que Macri respondió: “Yo le contesté que para mí intentar recuperar lo que es de los argentinos no es perseguir al otro”. “No tengo ningún problema personal con Cristóbal López”, deslizó.
Por otro lado, defendió al nuevo titular de la AFIP, Leandro Cuccioli, quien es un funcionario con inversiones en las Islas Caimán y que integró el directorio de El Tejar, compañía de la que Ignario Rosner –el financista que tomó el control del grupo de López– también fue director; vinculación que el presidente calificó como “versiones trasnochadas”.
Ante la liberación de López y de su socio Fabián de Sousa varias voces salieron a elevar sospechas y condenar la decisión de la Justicia. El ministro de esta cartera, Germán Garavano, apuntó a que “es una decisión sorpresiva” y que “casos como éste generan hacia la gente un mensaje equivocado en términos de niveles de impunidad”.
En la misma línea, la diputada Elisa Carrió se refirió a un “acuerdo de impunidad” al tiempo que Ricardo Gil Lavedra, abogado de la AFIP durante la gestión de Abad, consideró “grave” el cambio de carátula decidido por la Sala I de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah -votaron a favor- y Leopoldo Bruglia -en contra-. “Es una defraudación al Estado porque es una maniobra pergeñada desde ahí. Había una ingeniería diseñada para que no pagara nunca”, sostuvo.