Representantes de tres organizaciones presentarán el tema ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Si bien se está próximo a cumplirse el centenario del artículo 86 del Código Penal argentino que permite el aborto legal por tres motivos, uno de ellos la violación, hay varias provincias que impiden que las niñas víctimas de violencia sexual puedan acceder a ese derecho.
En nuestro país, por año, cerca de 2.500 niñas menores de 15 años llegan a los hospitales a parir. Las provincias con más alto índice de embarazo infantil son Tucumán, Salta, Misiones y Santiago del Estero. De los cuales, se estima que el 80% de esos embarazos son producto de violencia sexual, la mayoría de los cuales ocurre en el ámbito intrafamiliar o en círculos cercanos a las víctimas.
Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia, una coalición de organizaciones de todo el país que se encarga del seguimiento de la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la Argentina es una de las tres mujeres que viajarán a Washington, Estados Unidos a la audiencia temática del 27 de septiembre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los obstáculos que enfrentan las niñas y las adolescentes embarazadas producto de una violación para acceder a un aborto, derecho que fue ratificado por la Corte Suprema de la Nación en el fallo FAL en 2012.
Junto a ella viajará Fernanda Marchese, directora ejecutiva de ANDHES (Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales) y Celia Debono, coordinadora nacional de CLADEM (Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer). Juntas, además de denunciar ante la CIDH la situación de Argentina, pedirán una audiencia regional porque detectan similares violaciones a los derechos de las niñas en los países de Latinoamérica y el Caribe.
“Obligarlas a parir, forzar su maternidad cuando ellas expresan lo contrario, eso es una tortura para nosotras. Hablamos de niñas de 11 o 12 años”, refirió Pulido a Infobae.
El objetivo de la CIDH es dar un seguimiento para que se cumplan los derechos asumidos, y en caso de que eso no ocurra, puede recomendar ciertas medidas para darle cumplimiento. Para ejemplificar la situación argentina, las organizaciones presentarán un caso testigo.
El caso puntual, será el de Lucía, la nena de 11 años que fue violada por el novio de su abuela en Tucumán y a quien el Estado provincial intentó por todos los medios negarle el acceso a su derecho al aborto, será ese caso.
Lucía llegó al hospital el 11 de febrero de 2019 junto a su mamá, también víctima de violencia de género, repitiendo lo que nadie quería oír: “Quiero que me saquen de adentro lo que me puso el viejo”.
Lo que denunciarán es que las provincias argentinas, escudándose en el federalismo, no aplican el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), elaborado en 2012 por el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del entonces Ministerio de Salud de la Nación.
Aunque, Tucumán es la única provincia del país que no está adherida a la a la Ley nacional N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable. Si bien es una ley nacional, cada provincia tienen la potestad de adherir o no hacerlo, sin embargo, parte de lo que denuncian es que Tucumán no cumple lo dictado por la Corte Suprema, el Código Penal y los tratados internacionales que tienen mayor jerarquía legal.
una niña de 12 años no esta preparada para ser madre y los politicos lo unico que saben hacer es estar solo en campaña tendria que haber una sesion especial para tratar el tema aborto y los degenerados que hacen eso. tendrian que estar presos