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Citaron a indagatoria a personas que vendían cigarrillos electrónicos por internet

El juez Sebastián Casanello interrogará como sospechosos a un policía y otras ocho personas vinculadas a la venta de estos productos.

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a nueve personas, entre ellas un policía, por ofrecer a la venta cigarrillos electrónicos en sitios de internet.

La investigación surgió a partir de una presentación anónima ante la Justicia por el «vapeo» y a raíz que un policía de la Ciudad ahora investigado se dedicaría a la venta de cigarrillo electrónico en sitios de internet.

A partir de los contactos del policía y de allanamientos en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el juez identificó la estructura de la organización.

La acusación, según el llamado a indagatoria, es por infringir el artículo 201 del Código Penal que prevé la venta, distribución y almacenamiento con fines de comercialización de mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo.

«En lo que respecta a la venta de cigarrillos convencionales, lo cierto es que las diversas reglamentaciones relacionadas al tabaco y las empresas dedicadas a ello, advierten cada vez con mayor énfasis la afectación a la salud y potencial peligro de muerte que pueda ocasionar el consumo de tales productos», determinó Casanello sobre el vapeo.

«Resulta imperioso destacar que si bien el Estado argentino no prohíbe la comercialización ni el consumo de cigarrillos, lo cierto es que cada vez más desalienta tales actividades -al igual que otros países- mediante la prohibición de fumar en distintos lugares públicos o espacios cerrados, de publicitar en medios masivos y/o aplicación de fuertes gravámenes impositivos para su fabricación y venta», sostuvo el juez federal.

«La contradicción alegada por los denunciantes entre la prohibición de fabricación, venta y/o distribución de cigarrillos electrónicos con la venta autorizada de cigarrillos comunes no encuentra sustento alguno toda vez que la administración estatal es quien, en definitiva, tiene la potestad de prohibir determinados productos y autorizar otros, bajo las fundamentaciones correspondientes», concluyó Casanello.

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