Hoy será el turno de la fundadora de Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori; el titular del gremio judicial, Judiciales, Julio Piumato y el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín, entre otros.
En plenario de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, sigue hoy el debate del proyecto de reforma judicial que el Poder Ejecutivo envió al Senado de la Nación.
Hoy expone la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós de Rébori, el titular del gremio de judiciales, Julio Piumato y el exprocurador del Tesoro Carlos Balbín, según detalló Télam.
“En el plenario de Comisiones queremos escuchar todas las voces con el ánimo de mejorar el proyecto porque así lo planteó el presidente Alberto Fernández. Estamos abiertos a los cambios y a las ideas. Las vamos a evaluar pero no queremos que el proyecto se desnaturalice”, dijo la senadora María de los Angeles Sacnun, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta en declaraciones televisivas.
Ayer, en la tercera audiencia de debate, se presentaron, de manera remota, la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta; y la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez.
Además, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez tuvo un intenso cruce con el senador del Frente de Todos Oscar Parrilli, quien lo cuestionó por rechazar cualquier gestión que se trate de incluir en la reforma.
Al exponer en el plenario de comisiones del Senado, Gil Domínguez dijo que resulta “potencialmente negativo” cualquier modificación que se convierta en una “forma de censura previa directa o indirecta”.
Esto apuntó a los pedidos que hizo Parrilli para que se incluya en el proyecto de reforma judicial que envió el Poder Ejecutivo un agregado para facultar a los jueces a denunciar ante el Consejo de la Magistratura la existencia de situaciones que interpreten “presión de poderes mediáticos”.
Ante ese contexto, el senador pidió la palabra para pedir que el constitucionalista aclare si “cree que no ha existido en la Argentina presión mediática sobre los funcionarios, jueces y magistrados”.
Tal como lo indica el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, Gil Domínguez le dijo: “Si en alguna situación se considera que esa libertad de expresión ha afectado determinados derechos de las personas, existen las responsabilidades civiles y penales ulteriores”.
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No conforme, Parrilli le pidió que indique si consideraba que esas situaciones que mencionó sobre eventuales presiones contra jueces representaban una “actitud democrática, plural que respeta los derechos humanos”.
Por lo que el constitucionalista ratificó su posición y remarcó que “lo que hay que evitar es toda forma que pueda implicar alguna forma de censura previa directa o indirecta”.
